Por Guillermo Alvarado

El pueblo de México hizo una pausa en su duelo por las más de 330 víctimas del terremoto que afectó el centro del país el 19 de septiembre, para exigir al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto el esclarecimiento de la suerte de 43 estudiantes del municipio de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, que cumplieron tres años de estar desaparecidos, sin que exista ninguna explicación oficial creíble al respecto.

La noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 un grupo de estudiantes de una escuela formadora de maestros viajaron hasta la ciudad de Iguala para participar en una marcha por mejores condiciones docentes, pero en el trayecto fueron interceptados por policías municipales, que los detuvieron por la fuerza.

Algunos de los jóvenes murieron allí mismo, otros recibieron heridas de diferente gravedad y 43 fueron secuestrados por las autoridades y se desconoce aún su paradero o cual fue su destino, a pesar de los esfuerzos de sus familiares, acompañados por organizaciones sociales y humanitarias mexicanas e internacionales.

En un principio los aparatos de justicia propalaron lo que llamaron la “verdad histórica”, de que los estudiantes fueron entregados a una banda criminal, de las que operan en esa zona, que los habrían ejecutado y quemado sus cadáveres en un basurero local hasta reducirlos a cenizas, que luego fueron arrojadas a un río.

Investigadores independientes demostraron que esta hipótesis es irracional, pues no había en el lugar combustible suficiente para calcinar por completo 43 cuerpos.

Testimonios de habitantes señalan, por otra parte, que en esos días llovió con abundancia, como es habitual en esta época del año, lo que hace menos creíble la tesis oficial.

Los padres y parientes de los 43 de Ayotzinapa ven con mucha suspicacia que el ejército nunca ha permitido una investigación en un cuartel cercano, donde algunos denuncian que por lo menos parte de los miembros del grupo estuvieron retenidos algunos días.

También llama la atención que muchos teléfonos celulares de las víctimas siguieron activos varios días después de la supuesta incineración.

Hasta el momento las autoridades locales y federales le dan largas al asunto y las escasas reuniones que los familiares han tenido con el presidente Peña Nieto no pasaron de las promesas de siempre, sin que se haga nada en concreto.

El crimen se inscribe en una extraordinaria violencia que azota al hermano país desde que el expresidente Felipe Calderón cedió a las presiones de Estados Unidos para librar en su territorio la guerra contra las bandas de narcotráfico que introducen estupefacientes al otro lado del río Bravo, donde está el mayor mercado del mundo, pero donde nunca se escucha del arresto de ningún capo, o el desmantelamiento de una mafia.

En Estados Unidos se consumen las drogas y se lavan los capitales de una actividad criminal que deja un reguero de sangre en países latinoamericano que, para colmo, luego son chantajeados por Washington con la amenaza de descertificar su lucha contra el narcotráfico, lo cual equivaldría a reducir ayuda económica en varios sectores. Esto sería risible, de no ser un asunto tan grave para nuestros pueblos.