por José Luis Méndez Méndez
Investigador del Centro de Investigaciones Históricas de la Seguridad del Estado

Este horrendo crimen en este 2017 cumple 41 años de cometido, mientras sus ejecutores viven impunes en los Estados Unidos bajo el amparo de sus autoridades

En junio de 1976 se dieron cita en Bonao, República Dominicana, un grupo de terroristas de origen cubano representativos de organizaciones extremistas asentadas en territorio de los Estados Unidos. Como coordinador figuró el criminal Orlando Bosch Ávila, prófugo entonces de la justicia estadounidense por haber violado la libertad condicional al ser juzgado por varios delitos, incluida la extorsión contra emigrados cubanos con empleo de métodos terroristas.

El propósito del encuentro era coordinar las acciones futuras contra representaciones cubanas, su personal e intereses de países que a pesar de las presiones mantenían relaciones con el gobierno cubano. Dos reuniones se produjeron, una constitutiva de la llamada Coordinación de Organizaciones Revolucionarias Unidas, CORU, alianza terrorista y otra para planificar más de 20 actos de terror de inmediata ejecución. Todos los presentes firmaron, excepto los miembros del grupo fascista Movimiento Nacionalista Cubano, MNC, quienes alegaron que tenían en curso una acción ordenada por la Dirección de Inteligencia Nacional de Chile, DINA, que no era otra, como se conoció después, que el asesinato del exembajador chileno en Washington, Orlando Letelier del Solar, que sería cumplida el 21 de septiembre de 1976.

El dictamen de Joe D. Whitley, Fiscal General asociado actuante en el proceso de admisión a los Estados Unidos de Bosch Ávila, de fecha 23 de enero de 1989 avala su participación en el derribo del avión cubano al concluir: «Bosch, mientras estuvo fuera de los Estados Unidos, fundó y dirigió la Coordinación de Organizaciones Revolucionarias Unidas (CORU), una organización anticastrista terrorista la cual hubo de aceptar su responsabilidad en numerosas explosiones en Miami, Nueva York, Venezuela, Panamá, México, Argentina y otros sitios».

«En octubre de 1976, Bosch fue detenido en Venezuela en relación con la explosión de un avión de la línea aérea civil cubana el 6 de octubre de 1976, que resultó en la muerte de 73 hombres, mujeres y niños. Aunque detenido en Venezuela durante 11 años por cargos producto de ese incidente, fue finalmente liberado. En su juicio, se presentaron pruebas de que los dos hombres condenados por homicidio en relación con la explosión, estaban en contacto con Bosch antes y después del hecho».

Añadía el dictamen judicial: «A raíz de su liberación el 17 de mayo de 1988, Bosch fue detenido por el Servicio de Inmigración y Naturalización, SIN. En aquel momento, el Director del Distrito del SIN en Miami le entregó a Bosch un aviso de exclusión temporal, alegando que era excluible de los Estados Unidos debido a que: «Existen razones para creer que buscaría entrar en Estados Unidos sola, principal, o incidentalmente para mezclarse en actividades perjudiciales para el interés público».

Además: «Que es o ha sido un extranjero que aboga o enseña o ha sido un miembro de una organización que apoya la necesidad o la conveniencia de atacar o matar a funcionarios de cualquier gobierno, además la lesión o la destrucción de la propiedad y ejercita los sabotajes».

«Existen bases razonables para creer que probablemente él, después de entrar, se mezclaría en actividades que serían prohibidas por las leyes de los Estados Unidos relacionadas al espionaje, el sabotaje, el desorden público, o en otras actividades subversivas para el interés nacional». Además, el aviso planteaba que Bosch también era excluible sobre la base de que ha sido condenado por «un delito de bajeza moral, más que un simple delito político».

¿Qué siguió después? El delincuente fue indultado por el presidente George H. W. Bush, contrario al parecer del Departamento de Justicia y el dictamen del Fiscal General. El entonces Presidente dirigía la Agencia Central de Inteligencia cuando explotó en pleno vuelo el avión de Cubana de Aviación el 6 de octubre de 1976.

Ahora se sabe, tras años de investigación, que el terrorista internacional de origen cubano Pablo Gustavo Castillo Díaz, alias «El Cojo», uno de los autores materiales del asesinato del técnico cubano Artaigñán Díaz Díaz, ocurrido en México el 23 de julio de 1976, que escapó después del crimen a Venezuela, estudió las rutas aéreas de Cubana de Aviación por el Caribe y seleccionó la nave que fue después siniestrada.

También se constató que el 11 de octubre de 1976, cuando es detenido Orlando Bosch en Caracas, estaba acompañado por Castillo. Este fabricó las bombas que después son colocadas en el avión cubano por los mercenarios venezolanos Freddy Lugo y Hernán Ricardo Lozano. Lo hace con el explosivo y los detonantes, que le proporcionó un experto en explosivos de la Disip a cambio de un paracaídas que pertenecía al terrorista anticubano Rolando Otero Hernández, quien se autodenominaba «Cóndor» y actuaba como asalariado de Luis Posada Carriles dentro de la Operación Cóndor dirigida por la Dirección Nacional de Inteligencia de Chile.

La siempre presente CIA, cuando se trata de conspiraciones para asesinar o destruir, está culpada en sus propios documentos, que dan fe del conocimiento anticipado que tuvo de los planes que se urdían para derribar el avión cubano y nada hicieron para evitarlo, no transmitieron una simple alerta oportuna a las autoridades cubanas.

Un documento secreto de la CIA desclasificado y fechado 13 de octubre de 1976, con la acotación «Terreno no. 7514», identificaba a la fuente como: «Un antiguo funcionario del gobierno de Venezuela, quien es habitualmente un informante confiable» y alertaba: «Esta información no es para discutirse con ningún funcionario extranjero, incluyendo aquellos del gobierno de Venezuela».

El texto sobre el plan de derribo señalaba: «Bosch hizo la declaración: “ahora que nuestra organización ha salido del trabajo Letelier con buena presencia, vamos a tratar algo más”». Añade el informe: «A los pocos días en una comida para recaudar fondos, Posada fue escuchado diciendo “vamos a atacar a un avión cubano” y “Orlando tiene los detalles”».

Después del derribo del avión cubano Luis Posada Carriles sugirió sacar al terrorista Orlando Bosch de Venezuela y el 9 de octubre este cruzó al territorio colombiano.

Anteriormente, el 22 de junio de 1976, la CIA tuvo conocimiento adelantado de los planes para derribar aviones civiles cubanos, así lo revela el documento de esa agencia estadounidense fechado y distribuido ese día y que significaba:

«Informe de clase secreto, sensible, fuentes y métodos de inteligencia involucrados. No divulgar a nacionales extranjeros. No distribuible entre contratados o consultores contratados. A continuación reseñaba: «Un hombre de negocios con vínculos estrechos con la comunidad de exiliados cubanos. Habitualmente es un informante confiable. Reveló que un grupo extremista de cubanos exiliados, del cual Orlando Bosch es el líder, planea colocar una bomba en un vuelo de la aerolínea Cubana de Aviación que viaja entre Panamá y La Habana. Los planes originales para esta operación planteaban que se pondrían dos bombas en el vuelo del 21 de junio de 1976, número 467, el cual estaba programado para salir de Panamá a las 11:15 a.m. de la hora local de Panamá».

Del documento se enviaron copias al Departamento de Estado, Dirección de Inteligencia del Ejército, Ejército, Armada, Fuerza Aérea, FBI, y la CIA, pero el gobierno cubano no fue destinatario de esta información, que precisaba incluso que se colocarían dos bombas, como ocurrió posteriormente en Barbados, mencionaba al criminal Orlando Bosch como gestor del crimen, que, además, el objetivo sería un avión civil de la línea aérea Cubana de Aviación y todos estos datos precisos fueron conocidos por la CIA cuatro meses antes del 6 de octubre, cuando 73 personas perdieron la vida, incluidos 57 cubanos.

Es conocido que nada hay oculto entre la tierra y el cielo, que todo es secreto hasta un día. Se continuarán conociendo nuevas revelaciones sobre este horrendo crimen que este 2017 cumplirá 41 años de cometido, mientras sus ejecutores viven impunes en los Estados Unidos bajo el amparo de sus autoridades.

(Periódico Granma)