Por Guillermo Alvarado

Los argentinos descubrieron en los primeros días del año que su vida será diferente en 2018, si bien no para mejorar sino todo lo contrario porque a partir de ahora tendrán que pagar mucho más por algunos servicios indispensables, en particular en el transporte público, como autobuses, metro y trenes.

El anuncio que hizo el ministro del ramo, Guillermo Dietrich, se suma a otros tarifazos decretados por el presidente Mauricio Macri en los últimos días de 2017 y que afectan a los alimentos, combustibles, gas, electricidad, medicamentos y teléfonos portátiles.

Los nuevos precios del transporte entrarán en vigor en febrero, con un alza del 30 por ciento, que continuará incrementándose escalonadamente hasta llegar al ciento por ciento en junio, lo que afectará a prácticamente todas las familias de bajos recursos. Muchos trabajadores deben tomar al día entre dos y cuatro vehículos para llegar hasta sus centros de labores.

Las malas noticias no terminan allí, pues el gobierno anunció que se suprimirán numerosos puestos en los medios de comunicación estatales. La ola de despidos ya comenzó con el cierre de algunas fábricas militares y continuará en el sector de la salud, en tanto el sector privado anunció que suprimirá alrededor de mil empleos en los próximos meses, lo que agudizará aún más la crisis que vive un amplio sector de la población en el país austral.

Para que se tenga una idea de la situación, hace diez años un viaje normal en taxi costaba 7 pesos y 13 centavos, y ahora el precio del mismo recorrido es de 113 pesos con 39 centavos, es decir mil 490 por ciento más.

Durante ese período los salarios no han subido ni remotamente en la misma proporción y desde que Macri asumió la presidencia el desempleo se ha generalizado.

De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto de Finanzas Internacionales, Argentina está entre los tres países de todo el planeta con un grave riesgo de sufrir una crisis económica, acompañado por Turquía y Ucrania.

El descontento de la población se incrementó en las últimas horas tras conocerse la decisión de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de ascender al gendarme Enmanuel Echazú, principal implicado en la violenta represión policial contra un grupo de mapuches el pasado 1 de agosto, cuando desapareció el artesano Santiago Maldonado y cuyo cadáver fue descubierto 79 días después en un río cercano.

Familiares de la víctima y organizaciones sociales argentinas consideraron que el ascenso del único sindicado hasta ahora por este caso es una burla y también significa un aval del gobierno a la brutalidad policial.

La ministra Bullrich también ha sido muy criticada por conceder prisión domiciliaria en una zona de playa al ex comisario Miguel Etchecolatz, condenado por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar.

Los cambios prometidos por Macri continúan en Argentina. Los pobres son más pobres, las capas medias descienden varios escalones en su calidad de vida, mientras los ricos y los represores son premiados con generosidad.