Por María Josefina Arce.

En medio del sonado escándalo de corrupción denominado Cementazo, que afecta a funcionarios del Ejecutivo, del Legislativo y de la Corte Suprema de Justicia, además del estatal Banco de Costa Rica, acudirán los costarricenses este domingo a las urnas para elegir a más de 70 cargos públicos, entre los que se encuentra el de la presidencia del país.

Más de tres millones de costarricenses están llamados a votar en unos comicios cuyos resultados son para muchos bastante incierto, pues las últimas encuestas de opinión dan a cinco de los 13 candidatos a la presidencia de la nación como los más probables de recibir mayor cantidad de sufragios.

Pero el panorama no está definido pues la ventaja no es tan amplia. De hecho según los sondeos, ningún aspirante supera el 15% de intención de voto, lejos del 40% mínimo necesario para ganar en primera vuelta, por lo que es cada vez más probable la realización el primero de abril de una segunda ronda.

Entre los aspirantes de mayores opciones aparecen el ex presidente de la Asamblea Nacional Antonio Álvarez, del Partido de Liberación Nacional, la organización que más ha gobernado al país centroamericano, y Fabricio Alvarado, calificado como uno de los sorpresivos contendientes en la disputa electoral.

Alvarado, un pastor evangélico y periodista de 43 años, representa al partido Restauración Nacional, una formación de corte conservador que no tiene grandes antecedentes en los procesos eleccionarios.

También aparecen Juan Diego Castro, del Partido de Integración Nacional, que suscita cierta simpatía por su oferta de “mano dura” contra la delincuencia, en un país que ve con preocupación la creciente tasa de homicidios, que en 2017 se elevó a 603 , la más alta de su historia.

Asimismo, de acuerdo con los analistas, encuentran eco sus proclamas contra la corrupción, una lacra que ha afectado a parte de la clase política, y singularmente al actual Gobierno, en una serie de escándalos sin precedentes. Castro sin embargo, es calificado de controvertido por sus pronunciamientos sobre otros temas.

La lista se completa con Rodolfo Piza, del Partido Unidad Social Cristiana, y Carlos Alvarado, del oficialista Acción Ciudadana.

El centro de la carrera proselitista ha estado puesta en la delicada situación económica del país centroamericano. Costa Rica finalizó 2017 con un déficit fiscal equivalente al 6,2% del Producto Interno Bruto y una deuda del 49% del PIB.

El combate a la pobreza igualmente ha estado presente en la campaña electoral. En Costa Rica un quinto de la población vive en la pobreza, mientras que a un seis por ciento no le alcanza ni para comprar los alimentos básicos.

De acuerdo al calendario electoral, el 28 de enero fue el último día para que los candidatos a la presidencia de Costa Rica realizaran actos públicos, mientras que este miércoles finaliza el plazo para emitir propaganda en medios de comunicación y para la publicación de encuestas.

Nada hay definido hasta el momento, aunque parece que lo único seguro es que habrá una segunda ronda electoral. Por lo pronto más de tres millones de costarricenses están llamados a ejercer el voto el venidero domingo en unas elecciones que han estado matizada por el escándalo de la corrupción y otros temas polémicos.