Por: Roberto Morejón

Informes oficiales estadounidenses acusan a otros países, entre ellos latinoamericanos, de propiciar el lavado de dinero, sin mencionar cómo ese flagelo se extendió en el territorio de la Unión.

Fuentes de prensa y judiciales denunciaron a bancos estadounidenses involucrados en actividades criminales que emergen incólumes o, en caso de ser descubiertos, pagan multas irrisorias en comparación con las ganancias.

La gran potencia del Norte tiene vigente leyes para perseguir el lavado de activos, pero expertos señalan que dado el gran volumen de transacciones se diluyen los controles.

Es así que capos de las drogas, defraudadores fiscales, contrabandistas, vendedores subrepticios de armas y secuestradores acuden a ciudades  estadounidenses para ocultar el origen de sus fondos indebidos.

El propósito es simple, lograr que esos montos florezcan en el desarrollo de negocios e inversiones legales. Si bien los tenedores de activos ilegítimos blanquean algunos ingresos en establecimientos NO financieros como casas de cambio o corredores de bolsa, la mayoría apela a los bancos.

Como pocos de estos últimos han sido acusados de transgredir la Ley de Secretos Bancarios atraen a numerosos titulares de dinero mal habido.

La revista Bloomberg Markets enumeró los pocos bancos desenmascarados en sus operaciones subrepticias y obligados apenas a pagar multas simbólicas y cambiar sus prácticas, sin sufrir consecuencias penales.

Mientras ello ocurre, las autoridades del país norteño tienden una cortina de humo sobre Miami y otras ciudades donde proliferan negocios inmobiliarios, señalados como fruto del lavado de dinero.

La ciudad floridana atrae por sus buenas comunicaciones y el uso del idioma español a empresarios y otros sujetos con causas judiciales pendientes en su tierra natal.

De ese peligro escapan y colocan su dinero de procedencia dudosa en el floreciente mercado inmobiliario de Miami. Suntuosos condominios de la urbe acogen a connotados fugitivos que Estados Unidos se resiste a extraditar o simplemente demora una decisión de ese tipo al reclamar pruebas adicionales.

Es el caso del ex militar y empresario Manfred Reyes, quien fue condenado en Bolivia por enriquecimiento ilícito y conducta antieconómica cuando fue gobernador de la ciudad de Cochabamba y se refugió en la península de la Florida.

Pero de esa realidad NO habló el vicepresidente estadounidense Mike Pence en la recién celebrada octava Cumbre de las Américas a pesar de que el tema central era la corrupción.

Por órdenes de su jefe Donald Trump, tenía otra misión: concentrarse en ataques contra Venezuela y Cuba.