Por María Josefina Arce

Los candidatos a las elecciones presidenciales de octubre venidero en Brasil ya se encuentran en campaña, menos el ex jefe de estado Luiz Inacio Lula Da Silva, quien desde hace mas de 130 días guarda prisión en Curitiba, acusado de supuestos cargos de corrupción.

Víctima de una persecución política y judicial, urdida por la derecha, Lula no ha podido ejercer sus derechos como candidato presidencial por el Partido de los Trabajadores, aun cuando desde hace meses lidera las encuestas de opinión, posición que mantiene  tras las rejas.

De hecho, miles de militantes de movimientos populares de Brasil participaron en la Marcha Lula Libre, que llegó hasta Brasilia, la capital, tras recorrer 50 kilómetros, para demandar la liberación del popular político y acompañar el pasado día 15 la inscripción de su candidatura presidencial.

Asimismo, militantes de movimientos populares que reclaman justicia y que Lula Da Silva sea liberado cumplieron este lunes tres semanas de huelga, con claros síntomas de que su salud está debilitada.

Sin embargo, el ex presidente no ha podido participar en ninguno de los debates televisivos efectuados. En ese sentido, la presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, afirmo que el ex mandatario es candidato registrado y goza de todas las prerrogativas aún cuando esté injustamente preso.

Así también se pronuncio el Comité de Derechos Humanos de la ONU que pidió al gobierno brasileño que permita a Lula da Silva ejercer sus derechos políticos, lo que incluye acceso apropiado a los medios y a los miembros de su partido.
En un comunicado enviado por correo electrónico solicitó a la administración del presidente de facto, Michel Temer, “no impedirle presentarse a los comicios presidenciales de 2018 hasta que sus apelaciones ante tribunales finalicen en procedimientos judiciales justos”.

La incertidumbre domina la campaña electoral por la ausencia de Lula Da Silva, impedido por la justicia de ejercer sus derechos y cuya candidatura ha sido impugnada por la fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, ante el Tribunal Superior Electoral.

Habrá que esperar a los próximos días para saber por que opción optara el ente electoral, pues si bien el plazo máximo para el análisis sobre la viabilidad legal de la candidatura de Lula es el 17 de septiembre, cuando faltarían veinte días para las elecciones, es muy probable que este se defina en agosto.

La realidad es que aunque Lula sea acosado y despojado de sus derechos, sigue liderando las encuestas y muchos no conciben unas elecciones sin el dirigente político, que durante sus dos mandatos al frente de los destinos de la nación sudamericano saco a millones de personas de la pobreza e incentivó el crecimiento económico.