Por Guillermo Alvarado

Un año después de brutal persecución y matanzas contra la minoría étnica de los rohingyas, una Misión Internacional de Investigación de la ONU concluyó que los crímenes cometidos por el gobierno de Myanmar, antigua Birmania, constituyen una política de genocidio y existen evidencias para enjuiciar a altos funcionarios y mandos del ejército por esa barbarie.

Los rohingyas constituyen una comunidad musulmana de alrededor de un millón de personas que viven en el norte de Myanmar, un país ubicado en el golfo de Bengala que tiene 25 millones de habitantes de confesión budista.

Esta minoría ha sufrido durante años una feroz discriminación, se les niega el derecho a la nacionalidad, por lo general carecen de documentos de identidad, se restringe su acceso a la salud y la educación y tienen prohibida la propiedad de sus viviendas.

La situación empeoró cuando el 25 de agosto de 2017 un grupo de resistencia atacó algunas estaciones de policía de Myanmar, lo que fue tomado como pretexto para emprender operaciones militares contra pequeños poblados civiles e indefensos que causaron una cantidad no precisada de muertos y la huida de más de 600 mil personas hacia la vecina Bangladesh, donde están hacinados en precarios campamentos.

Numerosas personalidades, gobernantes  e incluso funcionarios de la ONU denunciaron las masacres, pero eso no contuvo al gobierno encabezado, vaya paradoja, por la Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi.

Durante meses se desarrolló en silencio este drama, mientras el gobierno de Bangladesh y organizaciones humanitarias clamaban por ayuda para atender a la numerosa cantidad de refugiados, así como a decenas de miles que quedaron atrapadas en regiones pantanosas en su intento de escapar a las matanzas.

Ahora por fin hay un pronunciamiento de una misión oficial de la ONU, que insta al Consejo de Seguridad a tomar cartas en el asunto y enviar a los responsables ante un tribunal especial para juzgarlos por crímenes contra la humanidad.

También se pone contra la pared a la Nobel de la Paz Aung Suu Kyi, quien incumplió con los deberes inherentes a su rango y su puesto de primera ministra y podría ser señalada de promover, o al menos permitir, tareas de limpieza étnica.

Es, asimismo, un llamado de atención a la conciencia colectiva de la humanidad, a eso que se ha dado en llamar la comunidad internacional, que durante años observó en silencio y casi sin reaccionar como un pueblo era sistemáticamente exterminado.

La tragedia aún no ha terminado ni, lamentablemente, es la única en el planeta. Casi con los mismos motivos con que se ataca a los rohingyas, sufren feroz exterminio y persecución el pueblo palestino y numerosas comunidades indígenas o minoritarias, y sirva para citar un solo ejemplo el de los mapuches en Argentina y Chile, donde se les acusa y trata como a terroristas por defender su derecho a la tierra.

En el siglo XXI de la historia moderna, nuestra especie es la única que de manera premeditada y por razones religiosas, étnicas, políticas o por diferencias de pensamiento, destruye a una parte de sus miembros. Resultaría asombroso, de no ser tan triste.