Por: Guillermo Alvarado

Decenas de miles de personas salieron a las calles en Chile y otros puntos del planeta para exigir justicia y castigo contra los culpables de graves violaciones a los derechos humanos, en ocasión de cumplirse 45 años del golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende y el inicio de la feroz dictadura de Augusto Pinochet.

Ni perdón ni olvido fue uno de los lemas más repetidos durante las protestas, que en Santiago de Chile terminaron con una violenta intervención de la policía como para hacer recordar a la gente que los métodos aplicados por el régimen militar todavía están vigentes.

Y es que en el país austral todavía persisten muchas de las fracturas causadas por la dictadura que afectó a prácticamente todos los sectores de la vida política, social, económica y cultural.

Incluso desde el punto de vista legal hay crímenes que todavía se siguen cometiendo, tal el caso de las desapariciones forzadas, un delito que comienza cuando agentes del Estado secuestran o capturan sin orden judicial a una persona, y termina sólo cuando la víctima aparece, se descubren sus restos o se obtiene certeza jurídica de cuál fue su destino, sin importar el número de años que hayan transcurrido.

Mientras quede un solo ciudadano desaparecido en el territorio chileno, de acuerdo con la legislación internacional puede considerarse con total justicia que la dictadura no ha terminado.

Pero no es esta la única razón para afirmar que el régimen pinochetista aún existe. En su esencia, la Constitución proclamada durante el gobierno golpista para intentar darle un rostro institucional, todavía está vigente, a pesar de unas 145 modificaciones hechas desde el llamado retorno a la democracia.

Este es otro de los puntos pendientes urgentes de resolver en esa sociedad. La Carta Magna de Pinochet es conservadora en extremo, su génesis es autoritario, instala un sistema socioeconómico ultraneoliberal y es un golpe de Estado permanente contra la plena democracia, de acuerdo con el antropólogo y periodista Jaime Vieyra-Poseck.

Mientras exista esta ley fundamental del Estado será imposible avanzar hacia la construcción de un nuevo país y así lo han vivido en carne propia gobiernos como el de Michelle Bachellet, que chocaron constantemente con esta muralla.

Durante las marchas las organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos reclamaron el final de la impunidad de que disfrutan los autores de graves delitos durante el pinochetismo, o las controvertidas medidas adoptadas por el gobierno de Sebastián Piñera, entre ellas pedir a la Corte Suprema la libertad provisional de siete autores de crímenes de lesa humanidad, o el indulto concedido al excoronel René Cardemil, condenado a 10 años por el asesinato de seis personas.

No es posible dejar al tiempo la sanación de las heridas causadas por el brutal régimen de Pinochet y mientras haya una sola familia buscando o llorando a uno de los suyos y los culpables sigan libres, la sombra tenebrosa de la dictadura seguirá irremediablemente flotando sobre el país.