Por Guillermo Alvarado

El ministro de Hacienda -y ahora también de Economía- de Argentina, Nicolás Dujovne, presentó ante el Congreso de la nación austral el proyecto de presupuesto para el 2019 que contiene un duro ajuste, a tono con las exigencias impuestas por el Fondo Monetario Internacional, FMI, a cambio de renegociar los plazos de entrega de un crédito pactado este año.

De acuerdo con el funcionario, en 2018 la economía sufrirá una baja del 2,4 por ciento, muy superior a lo planificado con anterioridad, mientras que para el próximo período la caída del Producto Interno Bruto, PIB, será de medio punto.

Esto significa que el presidente Mauricio Macri cerrará su mandato con una contracción de 1,9 puntos con respecto a lo que recibió de su antecesora, Cristina Fernández de Kirtchner.

Pero lo más grave no es lo que figura en las estadísticas de la macro economía, sino en el daño directo que su administración está causando en el nivel de vida de la población, de manera particular entre los sectores menos favorecidos, como los desempleados, los jubilados y las amas de casa.

Si en 2018 la inflación es del 42 por ciento y el venidero será del 23, eso significa  que como promedio los precios de la canasta básica subirán en un tercio para todos los argentinos, lo que combinado con la caída de los salarios y pensiones se traduce en un aumento de la pobreza y la malnutrición, porque para compensar el aumento del costo de la vida las personas consumen menos, o de inferior calidad.

Además, entre las exigencias del FMI figura reducir a cero el déficit fiscal en 2019, es decir que el gobierno gaste tanto como suman sus ingresos, lo que en un panorama negativo generalizado de la economía mundial solo puede traducirse en más limitaciones para la gente.

Así lo advirtió Dujovne cuando dijo que en el próximo presupuesto continuará la eliminación de subsidios que se entregaban para ayudar a la población más pobre a pagar las tarifas de los servicios públicos indispensables, en particular la energía eléctrica, el transporte, el gas y el agua.

Además habrá una reducción drástica en los gastos del Estado, pero sin tocar los elevados sueldos de los altos funcionarios, sino en el recorte de inversión destinada a la educación, la vivienda y el transporte.
En materia de empleo público, no se realizarán nuevas contrataciones de personal, ni se cubrirán las bajas que se produzcan por jubilaciones y retiros voluntarios.

Todo esto servirá para compensar el drástico incremento que sufrirá el pago de intereses de la deuda tras la contratación de un crédito de 50 mil millones de dólares, destinado no a la inversión ni los servicios, sino para equilibrar el mercado cambiario.

Se trata, pues, de un ajuste al más puro estilo neoliberal, de los que gusta imponer el FMI que prefiere sacrificar los principios de hambre y pobreza cero ante el altar del déficit cero, como si el Estado tuviese más obligaciones con las finanzas públicas que con la población, que es el objetivo prioritario del gobierno, si las cosas fuesen como deben ser.