Al respecto, precisó que el proceso concierne a hechos ocurridos en 2012, en Colombia, donde las autoridades ya hicieron un proceso con condena y seis años después se quiere empezar otro en Ecuador.

En segundo lugar, advirtió que se realiza con un fiscal ad hoc, encargado específicamente para atender el caso, fuera del orden normal de la fiscalía, lo cual consideró como algo 'muy raro que no pasa en ninguna parte del mundo'.

Como tercer punto citó la acusación. ¿Cómo se puede acusar a un presidente por todos los presuntos delitos cometidos por funcionarios del estado?, cuestionó.

'Para mí, se puede decir que hay manipulación de las categorías básicas de derechos penales y procesales. Me parece que el estado de derecho en Ecuador está en crisis. Ni siquiera sé si hay todavía estado de derecho', aseveró.

En cuanto a la observación internacional, la estimó necesaria, pues no es un proceso como otros, en el cual se quiere enjuiciar al exdignatario con una acusación, insistió, con muchas anomalías

'Es importante que se conozca en Ecuador, en Europa, en América toda y el mundo lo que pasa, un proceso muy raro, con anomalías de jurisdicción, sobre el fiscal y sobre el delito, entonces, el papel de los observadores es verificar, averiguar si hay violaciones de derechos humanos, de los principios de garantía', sentenció.

Sobre ese particular, acotó que será difícil mantener a los veedores todo el tiempo, pues el proceso puede ser breve o muy largo y todos cumplen funciones como profesores y abogados en sus respectivos países (Italia, Chile, Colombia y Bélgica).

'La idea es organizar un grupo permanente, de manera que al menos uno pueda estar en todo el proceso', advirtió.

El letrado también llamó la atención acerca de lo que pudieron observar en la diligencia inicial efectuada el martes último, cuando la jueza interrumpió al representante legal de Correa, Caupolicán Ochoa, mientras exponía sus argumentos y el acusador particular gritó y le pidió la expulsión del defensor, ante lo cual, no se dijo nada.

'Es raro que un acusador particular se mueva como si fuera dueño del proceso, eso me parece muy preocupante', agregó.

Ingroia igualmente señaló, que en su criterio, hay una verdadera politización de la justicia en el proceso.

Según precisó, también estudió el caso del exvicepresidente Jorge Glas, sentenciado a seis años de cárcel por asociación ilícita en una indagación por pago de coimas a cambio de adjudicación de obras para la constructora brasileña Odebrecht, y le pareció que hay ausencia total de pruebas.

'Me parece muy raro que en el mismo período empiece una investigación sobre el brazo derecho de Correa (Glas), lo condenan y luego empiezan una contra el presidente Correa', dijo.

En ese sentido, agregó que leyó en periódicos sobre otro procedimiento penal, a punto de empezar, contra los dos, lo cual lo inclina a pensar en evidente persecución política.

Sobre el caso concreto contra Rafael Correa alertó: 'por lo que veo es inocente y hay manipulación de las reglas del derecho penal. Es un proceso muy espectacular, pero sin pruebas'.

El jurista alertó que escribe un diario con todas las incidencias, día por día, para darlas a conocer en Europa, porque 'es necesario saber lo que está pasando en Ecuador'.

El exjefe de estado fue vinculado penalmente a la investigación, en junio último, tras una acusación del propio Balda, luego de testimonios de otros implicados, según los cuales las indicaciones del plagio, ocurrido mientras el exasambleísta evadía la justicia ecuatoriana en Bogotá, salieron del Palacio de Carondelet.

Correa y su defensa consideran que se trata de una trama enmarcada en la persecución política existente en la actualidad, contra el exdignatario, su exvicepresidente, Jorge Glas, y otros políticos que trabajaron en los dos períodos del estadista, considerados como la
Década Ganada, por los avances económicos y programas sociales implementados.