Por: Roberto Morejón

El gobierno y el poder legislativo en Cuba subrayaron como prioritario la construcción y reparación de viviendas, el problema social más acentuado de la población porque casi 40 por ciento del fondo habitacional está en regular y mal estado técnico.

En una comisión parlamentaria, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ministros y diputados analizaron la aguda problemática, acentuada por el impacto de los fenómenos meteorológicos y la limitación de recursos.

El gobierno orientó la aplicación de diversas líneas de trabajo al amparo de una nueva política sobre la vivienda.

La estrategia involucra a ministerios, autoridades de la nación y municipales y sobre todo a la población, pues con esfuerzo propio deben erigirse miles de viviendas.

El trazado de diversas opciones y el impulso a la producción local de materiales de construcción se perfilan cruciales por la necesidad de resolver en una década un percance generador de insatisfacción popular.

Expertos enfatizaron en lograr un salto en el alistamiento de esos materiales en los municipios, una meta en despegue que de concretarse permitiría crear capacidades suficientes para levantar casi 100 mil viviendas anualmente.

Asociada a esa labor debe marchar la producción de insumos como cemento y acero, cuyo surtido resulta inestable.

Inquietud en ese sentido manifiestan miles de cubanos, entre ellos los beneficiados con una decisión gubernamental para otorgar ayuda a las personas de más bajos recursos.

Se trata, entre otros, de ancianos, madres solteras y familias numerosas y con menguados ingresos monetarios, a quienes el Estado otorga subsidios destinados a construir o remozar inmuebles.

Desafortunadamente, un plan tan estimulante tropieza con fallas porque la concesión de las ayudas fue lenta en el presente año por diversas razones entre ellas las de índole burocrática.

Precisamente, se escuchan voces a favor de eliminar el burocratismo, la corrupción e ilegalidades en relación con el sistema de subsidios a los ciudadanos.

Para salirle al paso a tales deformaciones se demanda una supervisión más estricta de los procesos y se vislumbra la informatización del sistema de la vivienda.

Todavía resta mucho camino por andar para obtener resultados extendidos de la nueva política sobre la vivienda.

Está pendiente elevar la calidad de los insumos, cumplir los programas de ejecución y concretar la rehabilitación integral de más de 800 edificios en estado crítico.

Pero se pone de manifiesto que ante el cúmulo de apremios existe una directriz abarcadora, ilustrada con una frase pronunciada por el primer mandatario, Miguel Díaz-Canel: “Todos tenemos que construir viviendas”.