Por: Roberto Morejón

La OEA tomó el camino del hostigamiento a Nicaragua, al estilo del iniciado por el perturbador secretario general Luis Almagro contra Venezuela, al amenazar al gobierno encabezado por el presidente Daniel Ortega con un proceso para aplicarle la tan publicitada Carta Democrática.

El bien llamado ministerio de colonias, Estados Unidos y países con jefaturas derechistas consiguieron una sesión extraordinaria. En ese ámbito, la entidad hemisférica, de denunciada trayectoria anticubana y contra movimientos progresistas, decidió aplicar un instrumento jurídico que contempla trámites diplomáticos y la eventual salida de Nicaragua, con la alegación de que allí se alteró el orden constitucional.

Tanto Almagro, como los gobernantes de derecha en el subcontinente y la administración de Donald Trump están molestos porque el estallido de la violencia en el país centroamericano en abril último NO indujo al derrocamiento del presidente democráticamente electo.

En Nicaragua se llevó a cabo un intento de golpe subversivo encubierto con el disfraz de protestas pacíficas contra una reforma de la seguridad social, más tarde derogada, pero que NO detuvo los desórdenes públicos.

Grupos empresariales y políticos de derecha se asociaron a bandas de delincuentes que atacaron entidades económicas y dieron muerte a simpatizantes del sandinismo.

Cuando las instancias policiales y de justicia investigaron la agitación que provocó decenas de muertos y heridos, entonces el poder mediático al servicio de transnacionales creó la matriz de opinión de una trasgresión de los derechos humanos por las autoridades nicaragüenses.

De esa treta se valen la OEA y Almagro para acosar y eventualmente suspender al país centroamericano, una táctica malsana calcada de la impuesta a Venezuela, aunque en este último caso los conspiradores fracasaron en encontrar los votos necesarios.

Estamos en presencia de un capítulo más de la cruzada de la derecha latinoamericana contra países y figuras progresistas, con el aliento de un Donald Trump apegado a su política de sanciones.

El magnate inmobiliario rubricó recientemente el proyecto de ley conocido como “Nica Act” para bloquear los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua.

La OEA, que se desentiende de los asesinatos de líderes sociales en Colombia y la corrupción en Perú, reitera el embuste de que en Nicaragua se  entronizó un régimen de terror.

En contraposición, las imágenes de televisión reflejan a decenas de miles de ciudadanos en el disfrute de las festividades de fin de año, en ejercicio de su realzada religiosidad.