Por: Roberto Morejón

Una corriente muy favorable de opinión hacia la anuencia a la nueva Carta Magna se puede constatar entre los cubanos, a pocos días del histórico referendo del 24 de febrero.

Sectores crecientes de personas resaltan cómo la nueva Ley de Leyes a someterse en breve a la consideración de todos a través de las urnas, incluyó modificaciones en la definición de los derechos individuales.

Ese aspecto fue ampliamente debatido en el proceso socio-político llevado a cabo en Cuba entre agosto y noviembre de 2018.

En ese período, los ciudadanos expresaron criterios y propusieron cambios o modificaciones al anteproyecto.

Recordemos que también pudieron manifestarse cubanos residentes en el exterior con la presentación de más de dos mil propuestas.

La nueva norma sometida al examen popular contempla, efectivamente, la igualdad de las personas ante la ley.

Todas están sujetas a deberes similares y reciben la misma protección y trato de las autoridades.

La Constitución que se avecina destaca la prerrogativa de todas las personas de NO ser objeto de discriminaciones por razones de sexo, orientación sexual, género, etnia o creencia religiosa.

Precisamente, en este campo muy a menudo vulnerado en otras latitudes, el Estado cubano reconoce, respeta y garantiza la libertad e incluso separa de su arbitrio a ese tipo de instituciones.

Por esa razón, la legislación suprema sobre la cual votarán los cubanos el 24 de febrero preconiza que todas las fundaciones religiosas tienen los mismos derechos y deberes.

O sea, en la mayor de las Antillas gozarán en el futuro, como hasta ahora, de igual consideración las distintas creencias y religiones.

Asimismo, según destaca la novedosa Carta Magna toda persona tiene derecho a profesar o NO creencias religiosas, cambiarlas y practicar la de su elección, con el adecuado respeto a otros credos.

Tanto la autonomía religiosa como en otras esferas se acoge en el articulado porque, como refiere el artículo 43, el Estado garantiza a todos la vida, libertad, justicia, seguridad, paz, salud, educación, cultura y desarrollo integral.

El objetivo supremo del país es promover un progreso sostenible que asegure la prosperidad individual y colectiva.

Y a la vez una sociedad con virtudes y justa, con altos valores éticos y espirituales.

Así lo acredita esta Constitución cuyo discurso ganó en calidad al enaltecerse con las propuestas salidas de la población.

Sobre tan variado contenido los cubanos tuvieron oportunidad de expresarse en meses anteriores y ahora estamparán su última palabra, a solas en su cabina de votación, donde se endosa también su privacidad. FIN