Por: Roberto Morejón

En medio de una situación habitacional frágil, los cubanos aplican con apoyo gubernamental alternativas para frenar el deterioro, a lo que contribuye la próxima regularización del estatus de residentes en inmuebles adaptados.

En plena efervescencia en La Habana para atender los requerimientos de miles de damnificados por el paso de un tornado en febrero último, brigadas amparadas por empresas estatales y el Poder Popular ayudan a restaurar moradas y construyen nuevas.

En ese contexto resultó estimulante para los apremiados por el problema habitacional en Cuba el anuncio de la próxima entrada en vigor de nuevas normas jurídicas.

El Instituto de Planificación Física organizará el proceso de cambio de uso y traspaso de recintos de algunas empresas estatales a viviendas, con previsto ajuste constructivo.

Hasta ahora personas beneficiadas con esa medida NO podían regularizar su condición dado el origen público de esos espacios.

Los cubanos en este escenario se respaldarán con el acceso seguro y legal a la propiedad de los ámbitos entregados para acomodarlos como casas.

Incluso por este conducto se favorecerán personas con predios en su poder solo con un contrato de usufructo por NO representar perímetros confortables.

También aliviarán su estado los residentes en habitaciones modestas, conocidas aquí como cuartos, cuya legalización corresponderá si reúnen las características convenientes para declararse como viviendas.

El proceso de legitimación para personas moradoras de sitios pertenecientes anteriormente a entidades estatales contempla a la par el tratamiento casuístico de ilegalidades.

Del mismo modo antepone como salvedad que NO podrán normalizarse espacios radicados en lugares improcedentes, como orillas de ríos.

El ordenamiento de la titularidad de inmuebles que poseían otros fines anteriormente y hoy se asignaron a viviendas, complementa los esfuerzos del gobierno cubano para hacerle frente a las dificultades en la materia.

A nivel nacional se levantan más de tres millones 800 mil casas, de las cuales casi 40 por ciento clasifica entre regular y mal estado técnico.

Dada la magnitud del quebranto, el parlamento aprobó la Política Nacional de la Vivienda, dotada de lo esencial para revertir el déficit habitacional en diez años.

La preferencia se otorgó a los espacios en circunstancias inseguras y a los afectados por catástrofes naturales.

El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, constata periódicamente la ejecución de los trabajos para consumar la política nacional, aun en medio de la carencia de recursos agravada por el bloqueo de Estados Unidos.