Por: Guillermo Alvarado

Un juez de Estados Unidos ordenará al gobierno que preside Donald Trump revisar los expedientes de unos 47 mil niños migrantes, e identificar plenamente a aquellos que fueron separados por la fuerza de sus padres en la línea fronteriza con México y determinar cuál es su situación actual.

El ejecutivo tendrá un plazo de seis meses para cumplir con esta obligación, pero ya algunos funcionarios señalaron que ese tiempo será insuficiente porque necesitarán por lo menos dos años para realizar la tarea.

Sucede que durante el período en que se aplicó la medida denominada “tolerancia cero” contra la inmigración indocumentada, la guardia fronteriza arrebató a los padres a miles de menores de edad, que después fueron declarados como “no acompañados” y enviados a centros privados de detención o entregados a familias dispuestas a acogerlos.

Allí se perdió el rastro de más de dos mil niños y en estos momentos las autoridades no tienen la menor idea de a dónde fueron a parar, por lo que su búsqueda será como la clásica aguja en un pajar.

La tolerancia cero fue duramente criticada dentro y fuera del país, porque en muchos casos los menores fueron encerrados en jaulas de metal y las imágenes dieron la vuelta al mundo y causaron indignación. La cólera creció tras la muerte de algunos de estos infantes, entre ellos dos guatemaltecos que fallecieron cuando estaban bajo custodia de la guardia fronteriza.

Aunque esta política infame fue derogada e incluso la encargada de ponerla en práctica y una de sus principales defensoras, la antigua secretaria de Seguridad Nacional, Kristjen Nielsen, presentó su renuncia, la verdad es que la situación de quienes aspiran a cruzar la frontera e internarse en territorio estadounidense es grave, en particular para los menores.

Además del clamor internacional para que se respeten los derechos de los niños migrantes, dentro del país norteño la La Unión Americana por las Libertades Civiles ha sido una de las más activas para presionar al gobierno de Trump.

Se suma ahora el juez Dana Sabraw, de San Diego, California, quien anunció la orden para que en seis meses se busque y se identifique a los menores separados.

"Es importante que todos los actores del gobierno tengan un marco de tiempo y pretendo hacer que se cumpla", dijo el jurista.

La tarea será ardua y recordemos que a principios de año un organismo de control del gobierno dijo que potencialmente hay miles de otros niños inmigrantes separados de sus padres, aunque la cifra exacta no está clara debido a la manera desorganizada en que se hicieron los registros.

Esto significa simple y llanamente que hay una cantidad indeterminada de infantes que jamás serán localizados, ni mucho menos reincorporados a sus familias como resultado de acciones claramente xenófobas de un gobierno que ha dado claras muestras de su desprecio por los valores humanos, la ética, así como los acuerdos y tratados internacionales que protegen a los más débiles e indefensos.