Por: Roberto Morejón

El régimen neoliberal en Perú asestó un duro golpe a la agricultura, como se denunció durante un reciente paro nacional.

Movilizaciones en comarcas, bloqueos de carreteras y choques con policías se insertaron en la demostración.

NO se trató de un pronunciamiento solitario, al sumarse cerca de un millón de productores en 15 regiones, en protesta por sus condiciones de trabajo y de vida.

La Convención Nacional del Agro Peruano exige al gobierno la aplicación de estrategias de protección e impulso de siembras y cosechas autóctonas, frente a la avalancha de importaciones de alimentos.

A causa de los tratados de libre comercio suscritos con otros países en armonía con el régimen de economía neoliberal, los aranceles a la importación de artículos cayeron estrepitosamente.

Los campesinos peruanos quedaron inermes porque además, según su criterio, el Ministerio de Agricultura los desatendió.

Se entiende entonces que durante el paro nacional la organización gremial presentara un pliego de demandas para, entre otros puntos, restablecer los aranceles a las importaciones y una franja de precios.

Los voluntariosos trabajadores del campo exigen asimismo a las autoridades peruanas la compra de productos nacionales y aporte de insumos a los pequeños cultivos.

Otra de las exhortaciones es la solución gubernamental de la contaminación ambiental de ríos ante el galopante progreso de la economía extractiva en Perú.

El listado de apremios pone de relieve el complejo contexto de la agricultura del país sudamericano, el sector más olvidado de las últimas tres décadas, según admitieron fuentes gubernamentales.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática reveló que 47 por ciento de la pobreza rural de Perú se concentra en la rama agrícola, donde con frecuencia falta el servicio de electrificación.

Al parecer, la acumulación de inconvenientes agotó la paciencia de los labriegos agrupados, pues advirtieron sobre otro paro, por tiempo indeterminado, si en dos meses el gobierno peruano NO responde a los requerimientos.

Mientras tanto gran parte de los 32 millones de peruanos se preguntan si la crisis de la agricultura está vinculada en parte a la creciente corrupción, con varios ex presidentes presos o prófugos.

El gobierno neoliberal del extinto Alan García eliminó los aranceles a renglones importados en 2007 en función, como afirman sus críticos, de intereses corruptos vinculados al Ministerio de Economía y Finanzas.

Otras interrogantes se refieren a la inexplicable atención de los gobiernos de Perú a los problemas en Venezuela, en lugar de mirar hacia los sembrados arruinados en la nación incaica, por su desventaja ante las importaciones.