Por: Guillermo Alvarado

Ciudades de varios países del mundo fueron escenario de manifestaciones de protesta contra el sistemático asesinato de dirigentes sociales, defensores de los derechos humanos y antiguos combatientes de la guerrilla que se realiza en Colombia ante la mirada impasible del gobierno.

Las marchas fueron organizadas por distintas organizaciones defensoras de la paz en la nación sudamericana y la consigna enarbolada en las calles fue: “por nuestros líderes, ni un minuto de silencio.”

Fue un momento oportuno para recordar que desde que se firmaron los acuerdos entre el entonces presidente Juan Manuel Santos y la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo,  FARC-EP, no han cesado los ataques contra quienes luchan por defender las garantías de las comunidades más pobres y olvidadas del país.

En lo que ha sido calificado como un exterminio planificado y sistemático, desde 2016 hasta la fecha murieron 734 activistas y guerrilleros desmovilizados, sin que hasta el momento haya indicios de alguna voluntad política del actual gobierno, encabezado por Ivan Duque, para poner fin a esta tragedia, que ha sido denunciada en diversos foros internacionales.

Por el contrario, las muertes ocurren prácticamente cada semana en una paz sangrienta y equívoca, incapaz de devolver la tranquilidad a esa sociedad martirizada por más de medio siglo de guerra.

Diana Caro, miembro de la agrupación Colombianos por la Paz, sección México, declaró a medios de prensa que se trata de mucho más que una estadística, pues son personas de carne y hueso que ya no están.

La Defensoría del Pueblo de Colombia señaló que entre marzo del año pasado y mayo del presente ocurrieron 196 asesinatos de dirigentes sociales, siendo los lugares más afectados por esta plaga los departamentos de Cauca, Urabá, Antioquia, Norte de Santander, Risaralda, Nariño, Valle del Cauca y Arauca.

El programa Somos Defensores presentó recientemente un informe llamado “La naranja mecánica”, donde denuncia que la Fiscalía General de la Nación ha maquillado los datos para dar la impresión de que se está trabajando para erradicar este problema.

Según el texto, la fiscalía asegura que de 250 casos priorizados, han logrado el esclarecimiento en el 54,8 por ciento, pero la realidad es que sólo hay 22 condenas, lo que significa que el 8 por ciento de procesos han llegado al final.

A mediados de julio reciente un grupo de representantes del Consejo de Seguridad de la ONU visitó a Colombia para indagar sobre esta situación y dejó un mensaje claro a las autoridades: cortar por lo sano las ejecuciones de líderes sociales, defensores de los derechos humanos y antiguos guerrilleros de las FARC-EP, de lo contrario los Acuerdos de Paz también morirán.

Es una verdad conocida que el silencio de los fusiles no garntiza la paz. Eso ha ocurrido en Guatemala y sucede ahora en Colombia, por lo que es tiempo de no guardar ni un minuto más de silencio.