Por: Guillermo Alvarado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, empecinado hasta lo indecible en impedir el arribo de inmigrantes al territorio de esa nación, anunció el lunes una medida que endurece aún más las posibilidades de obtener una residencia para decenas de miles de personas, que buscan entrar al “país de las oportunidades”.

A partir de octubre próximo ser pobre será condición suficiente para que la solicitud de un migrante sea rechazada y, si por azar reside allí, se le conmine a volver a su lugar de origen, sea por decisión propia o por la fuerza.

La regla fue impulsada por Stephen Miller, uno de los principales asesores del presidente en su obsesiva lucha contra los migrantes y resucita una ley adoptada nada menos que en 1882, que le permitía al gobierno rechazar a alguien si a juicio de los funcionarios podía resultar una carga para los servicios públicos.

Naturalmente que hace 137 años las condiciones en el mundo y en Estados Unidos eran totalmente diferentes y quizás entonces semejante ocurrencia pasó por alto para la mayoría de la gente, pero ahora todo es distinto.

La pobreza es uno de los principales problemas que llevan a una persona a abandonar a su familia, su hogar y su patria en busca de un futuro mejor, de un trabajo para alimentar y educar a sus hijos, de proporcionarles una vivienda.

Nadie, o muy pocos quizás, van desde el sur hasta el norte con el ánimo de hacerse rico, esa “fiebre del oro” ya pasó. Las personas se movilizan para escapar a una situación que es agobiante, aplastante, en su propio país.

Ahora, por obra y gracia del presidente Trump, ser pobre se convierte también en el principal obstáculo para migrar, vender su fuerza de trabajo a precios ridículos para mandar asì las remesas que son como el agua para quien se muere de sed.

Así que ya lo saben. Si acaso buscan una visa para ir al norte, pero no tienen una buena cuenta en el banco, ni se molesten. O si viven en Estados Unidos y anhelan regularizar su situación y conseguir su pase oficial al cielo, la “tarjeta verde”, la green card en inglés, pero reciben algún tipo de asistencia social, cupones de alimentos, ayuda médica o vivienda pública, ni vayan. Les van a decir que no y hasta pueden resultar deportados en el acto.

Lo que no han dicho, ni Trump ni alguno de sus asesores, es que piensan hacer con los casi 41 millones de ciudadanos pobres que viven en el país más rico del mundo.

En efecto, el 13 por ciento de la población estadounidense está clasificada como pobre y entre ellos 13,3 millones son niños y 4,6 millones son mayores de 65 años.

Esto significa que 23 millones de estadounidenses en edad laboral también son pobres, aunque muchos de ellos tienen trabajo pero con salarios insuficientes para satisfacer sus necesidades mínimas. Otros están esperando por la derrama de empleos prometida por Trump durante su campaña y que todavía no beneficia a todos.

Así pues, si los pobres de otros países no podrán migrar a Estados Unidos, ¿qué van a hacer con los que habitan allí? A lo mejor un día el presidente los sorprende pidiéndoles que se marchen a otro lugar, porque deslucen su “paraíso”.