Por: Guillermo Alvarado

Cuando están a punto de cumplirse cinco años de la desaparición de 43 estudiantes de una escuela normal de Ayotzinapa, municipio del estado mexicano de Guerrero, cunde la indignación por la decisión de un juez de dejar en libertad a un grupo de 24 de los inculpados por este caso.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, aseguró que esta medida es una prueba de que algo está podrido en el sistema de justicia nacional.

La decisión de este magistrado representa una afrenta a las víctimas, a los padres de familia y a la justicia de nuestro país, dijo Encinas y agregó que estas resoluciones alientan el silencio, la complicidad y la impunidad para conocer la verdad.

Hasta ahora los padres de los estudiantes han insistido infructuosamente en que se aclaren las circunstancias del secuestro de sus hijos, así como de cuál fue su suerte y, si están muertos, que se les permita recuperar sus cuerpos.

Los hechos ocurrieron en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, cuando los jóvenes ocuparon varios autobuses y se dirigieron a la vecina ciudad de Iguala con el propósito de reclamar mejores condiciones de estudios.

Se sabe que fueron detenidos por policías municipales de Iguala y entregados a un grupo de narcotraficantes vinculado con las autoridades locales, que se habían encargado de asesinarlos y hacer desaparecer los restos.

El entonces Procurador General de la Nación, Jesús Murillo Karam, defendió la versión de que los cuerpos fueron incinerados en un basurero cercano y las cenizas arrojadas a un río, por lo que se perdieron todas las evidencias.

La hipótesis fue desmentida por un grupo de investigadores independientes, quienes demostraron que no había en la zona combustible suficiente para calcinar ese número de cadáveres y tampoco se halló evidencias de una hoguera de gran tamaño.

Además, pobladores señalaron que en esos días, como es normal en la región, llovió en abundancia, lo que habría impedido encender un fuego de grandes proporciones.

No obstante, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto fue imposible adelantar en las investigaciones. La administración de Andrés Manuel López Obrador ha sido más abierta en atender a los familiares de las víctimas, pero en términos prácticos no ha habido ningún adelanto en las indagaciones.

En estar circunstancias ocurrió el desafortunado fallo del juez Samuel Ventura Ramos, con sede en Tamaulipas, que sacó de prisión a 24 de los encartados.

Suman ahora 77 liberados, de 142 personas vinculadas con este crimen, lo que significa un triste pronóstico en cuanto a la búsqueda de la verdad y la justicia en un caso que estremeció a la opinión pública mexicana e internacional.

Desde que el presidente Felipe Calderón, 2006-2012, aceptó librar en México la guerra contra las bandas del narcotráfico con destino a Estados Unidos, han ocurrido cientos de miles de desapariciones y muertos en el hermano país, pero Ayotzinapa se convirtió en una figura emblemática porque podría significar el principio del fin de la impunidad, cosa que lamentablemente no ha ocurrido hasta ahora.