Por María Josefina Arce

En la jornada electoral de este domingo en Uruguay también estaba en juego la posibilidad de una reforma constitucional, que pondría en riesgo los derechos de los uruguayos al traer de vuelta a las calles a los militares.

Vivir sin miedo ese era el nombre de la propuesta presentada por el senador Jorge Larrañaga, del conservador Partido Nacional, con el pretexto de disminuir los índices de delincuencia, pero que paradójicamente incentivó el temor ante un retorno de los uniformados.

La iniciativa buscaba habilitar los allanamientos nocturnos, algo prohibido desde la primera Constitución de 1830, y la creación de una Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad formado por unos 2 000 militares para ayudar a la Policía Nacional.

La posibilidad de revivir un pasado triste, pero reciente de la historia, hizo que la propuesta fuera derrotada, al no reunir el 50 por ciento de los votos a favor.

Días antes de los comicios los uruguayos se lanzaron a las calles para demandar el no a la reforma, que los analistas estiman ha sido promovida además en medio de una complicada situación regional, fundamentalmente por la grave crisis que azota a Chile con protestas, toque de queda y militares desplegados en todo el país.

Pero además no podemos olvidar las profundas huellas que dejó en la sociedad uruguaya la dictadura que desde 1973 hasta 1985 imperó en la nación sudamericana, que junto a varios estados de la región vivió años de terror y crímenes.

Aún hoy familiares de los casi 200 detenidos desaparecidos en ese periodo siguen buscando a sus seres queridos y reclamando respuestas y justicia para poder cerrar una dolorosa etapa de sus vidas.

Todavía están frescas en la memoria las torturas y crímenes cometidos por los militares, amparados en la declaración de estado de guerra interno, y en la promulgación de la ley de seguridad del Estado, que le daba más poder a las Fuerzas Armadas para reprimir.

Sin embargo aunque se impuso el NO fue por un estrecho margen, lo que llama a la reflexión de lo que sucede en la sociedad uruguaya, máxime cuando un personaje como el ex militar Guido Manini Ríos, de una tendencia ultraderechista, logró que su recién formado partido Cabildo Abierto obtuviera un 11 por ciento de los votos y accediera al Congreso.

El tema de la seguridad no está agotado, es una preocupación de los uruguayos, pero como expresó la Articulación Nacional NO a la Reforma no puede pasar por la militarización, ni por la criminalización de la pobreza.