Por: Guillermo Alvarado

Un tribunal de Honduras condenó a 50 años de prisión a cuatro individuos como autores materiales del asesinato de la líder indígena y defensora del medio ambiente Bertha Cáceres, ejecutada el 2 de marzo de 2016 por oponerse a la construcción de un proyecto hidroeléctrico que inundaría tierras de campesinos de origen lenca.

Cáceres, también coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, había denunciado ser objeto de amenazas de muerte y se supone que tenía amparo policial, lo cual no impidió su muerte.

Los jueces también castigaron con prisión de 30 años a tres funcionarios de la empresa Desarrollos Energéticos, encargada de las obras. Se trata de el mayor del ejército hondureño Mariano Díaz, gerente ambiental de la firma, el jefe de seguridad, Douglas Bustillo, y Sergio Rodríguez, quienes contrataron a los cuatro pistoleros por 4 mil dólares para perpetrar el crimen.

El castigo es fuerte, pero parcial, indicaron dirigentes de la COPINH, porque deja fuera a los autores intelectuales del ataque, entre ellos los hermanos José Eduardo, Pedro y Jacobo Atala Zablah, miembros de una acaudalada familia hondureña vinculada con el proyecto hidroeléctrico.

Tras conocerse la condena, los hijos de la dirigente indígena emitieron un comunicado donde señalan que si bien esto significa una fisura en el muro de la impunidad, todavía hace falta castigar también a quienes dieron la orden.

Instaron a los aparatos de justicia a accionar contra la poderosa familia Atala Zablah, pues, agregaron, existen pruebas que los vinculan con este caso.

Pidieron, asimismo, que ante la falta de justicia en Honduras se instale una misión independiente para investigar a fondo y sancionar a todos los implicados, sean quienes sean.

El caso es que ese país centroamericano es uno de los más peligrosos para quienes emprenden la defensa de las comunidades indígenas y campesinas.

La muerte de Bertha Cáceres es una de las más conocidas y no cabe duda de que la presión internacional fue un factor para que se investigara y que los autores materiales llegaran hasta los tribunales.

Pero muchos otros casos ocurren en el más oprobioso silencio, como el de tres líderes de la comunidad Las Vegas de Tepemechín, en el departamento de Yoro, que fueron ejecutados por defender las tierras y montañas de esa zona de la voracidad de las empresas madereras.

Este tipo de violencia también afecta a periodistas y estudiantes, sobre todo tras el inicio de las masivas manifestaciones para exigir la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández, señalado de corrupción

El dirigente estudiantil Fausto Cálix, pidió a la Comisión de Derechos Humanos de Honduras investigar la existencia de escuadrones de la muerte, que serían los responsables de perpetrar asesinatos selectivos. Denunció que entre enero y octubre de este año murieron en hechos violentos al menos 79 jóvenes en todo el país.

En este oscuro panorama destella la sanción impuesta a los autores materiales de la muerte de Bertha Cáceres, aunque debe reconocerse que aún falta camino por andar porque a fin de cuentas, justicia a medias, no es justicia.