Por: Guillermo Alvarado

Una buena noticia se filtró en estos últimos días del año para la martirizada población palestina, y es que la fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Fatou Bensouda, manifestó su voluntad de investigar al régimen sionista de Israel por cometer crímenes de guerra.

La jurista, nacida en Gambia, informó que existen bases razonables para iniciar dicha investigación acerca de la situación en los territorios palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza.

Israel mantiene bajo ocupación militar a Cisjordania, donde ha levantado muros y cientos de puntos de control que limitan la libre movilidad de los ciudadanos palestinos, que también son sometidos al robo de sus tierras, la destrucción de viviendas y detenciones arbitrarias.

Tel Aviv insiste en su obstinada e ilegal política de edificación de colonias sobre terrenos robados a sus legítimos propietarios.

En la Franja de Gaza, de 365 kilómetros cuadrados, permanecen hacinados casi 1,9 millones de palestinos bajo un férreo bloqueo terrestre y naval.

Con regularidad sufren bombardeos y operaciones punitivas, como la realizada en el verano de 2014, cuando murieron dos mil 200 personas, la mayoría civiles y una buena parte de ellos menores de edad. Miles de viviendas y obras de infraestructura fueron destruidas, lo que agravó las ya precarias condiciones de los habitantes.

La fiscal de la CPI informó que ha pedido confirmación sobre el territorio en el que la Corte puede ejercer su jurisdicción, y quién puede ser objeto de investigación, es decir si comprende Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza.

Esta noticia causó la inmediata reacción del gobierno israelí, que dirige provisionalmente Benjamín Netanyahu. El dirigente sionista calificó la decisión de Bensouda como un ataque y un intento de deslegitimar políticamente a su país.

Netanyahu agregó que la CPI ignora por completo los argumentos legales de Israel, como si hubiese algún fundamento jurídico legítimo para justificar un genocidio cuidadosamente planificado.

Como era de esperarse, también Estados Unidos rechazó una acción de la Corte Penal Internacional contra el Estado sionista y la calificó de “injusta”.

En abril de este año Washington le retiró el visado a Batou Bensouda cuando ésta inició una indagación ante los crímenes cometidos por la potencia norteña contra el pueblo de Afganistán.

Las autoridades palestinas aplaudieron la decisión de la CPI de investigar los excesos cometidos por Israel y dijeron que se debió tomar mucho antes.

Es, en todo caso, una noticia alentadora y un paso, pequeño, pero positivo hacia la justicia y la restitución de los derechos de un pueblo del que se quiere borrar su presencia y su huella histórica en este mundo.