Por: Guillermo Alvarado

El ilegítimo régimen golpista de Bolivia mantiene una desenfrenada persecución contra dirigentes y funcionarios del gobierno de Evo Morales e insiste en negar salvoconductos a un grupo de ellos, acogidos en calidad de asilados por la embajada de México en la ciudad de La Paz.

Varios ex ministros, entre ellos el de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; de Culturas, Wilma Alanoca; de Defensa, Javier Zavaleta; así como el intelectual Hugo Moldiz, coordinador del capítulo de Bolivia de la Red en Defensa de la Humanidad, permanecen en la sede diplomática.

Los golpistas, encabezados por la presidenta impuesta, Jeanine Áñez, violan la Convención de Ginebra al negar salvoconductos a personas que son claramente perseguidos políticos y ya recibieron asilo en otro país.

Pero las cosas pueden ir todavía más lejos, pues la embajada mexicana está sometida a asedio las 24 horas del día, se impide el acceso de visitas o el arribo de taxis, así como la movilización de personas en sus alrededores.

Las fuerzas represivas tienen instalados puntos de control que en las últimas horas han incrementado su personal y hay vehículos sospechosos aparcados en las cercanías. Incluso de ubicó un carro de bomberos cerca de la puerta principal.

Contra Quintana se emitió una orden de captura por los supuestos delitos de sedición y terrorismo. Su vivienda fue arrasada en horas posteriores al golpe y la policía la ha allanado en varias ocasiones, la última hace pocas horas cuando fueron detenidas dos mujeres, madre e hija, que cuidaban el inmueble.

Hay denuncias de que se estaría preparando una intervención contra la embajada de México para detener a los bolivianos allí refugiados. Si eso se produce sería, citando al controvertido político francés Joseph Fouché, peor que un crimen, sería una estupidez, porque abriría una crisis internacional de imprevisibles consecuencias.

En nuestra región solo hay un antecedente similar, ocurrido en Guatemala el 31 de enero de 1980, cuando la policía tomó por asalto e incendió la sede diplomática española y ocasionó la muerte de 39 personas refugiadas allí.

El repudio mundial hacia esa salvaje operación fue casi unánime, sumió en un profundo aislamiento al régimen militar de Romeo Lucas García y generó una oleada de simpatía hacia el movimiento revolucionario de la nación centroamericana.

Ya los golpistas bolivianos están bajo la mira de la justicia internacional por las matanzas cometidas en días posteriores a la asonada y la represión que mantienen desde entonces, hechos que califican como crímenes de lesa humanidad que, como se sabe, no prescriben y son de persecución internacional.

Por esta última razón fue radicada en tribunales argentinos una denuncia contra Áñez y sus secuaces, basada en el principio del derecho internacional de que si los delitos de genocidio y de lesa humanidad no son juzgados en el país donde se cometieron, puede hacerse en cualquier otra nación.

Hoy, que los bolivianos viven una amarga navidad, acosados por el miedo y la inseguridad, víctimas de la represión de un régimen de orientación marcadamente fascista, la solidaridad mundial debe concentrarse hacia esa nación y hacia aquellos que demostraron en los hechos que otro mundo es posible, y es urgente.