Por María Josefina Arce

Colombia terminó el 2019 con una inestable situación política y social y una ola de violencia que se cobró la vida de líderes comunitarios y ex miembros de la guerrilla. El 2020 no parece que vaya por mejor camino.

A pocos días del inicio del nuevo año ya se registran situaciones tensas y complejas. En el poblado afro de Pogue, en el municipio de Bojayá, en el Chocó, sus habitantes viven una situación difícil por las incursiones de grupos armados, que los mantienen confinados.

El miedo y la incertidumbre vuelven a estar presentes en Bojayá, que mantiene en la memoria los sucesos de mayo de 2002, en los que perecieron 79 personas, refugiadas en una iglesia, en medio del conflicto armado que vivía la nación sudamericana.

En el último año los pobladores denunciaron la presencia de elementos armados que se disputan el control del territorio. La Defensoría del Pueblo ha emitido alertas por el confinamiento, reclutamiento forzado, desplazamientos y asesinatos de civiles en Bojayá.

En las últimas horas también la ONU manifestó su preocupación por el panorama existente en esa zona, que históricamente ha sido utilizada como un corredor para el narcotráfico y el traslado de personas secuestradas, por su cercanía a la frontera con Panamá.

De hecho en su más reciente informe de la Misión de Verificación, la ONU advirtió que la situación en el Chocó es motivo de alarma. Más de tres MIL personas han sido desplazadas de 17 comunidades étnicas, entre ellas la de Pogue, en Bojayá.

La respuesta del gobierno del presidente Iván Duque ha sido enviar más efectivos militares a la zona, pero los pobladores señalan que es deber del estado mirar las comunidades con ojos de seguridad, pero también de desarrollo social.

Se necesita, afirman, una alta inversión que cree oportunidades para todos, pues los jóvenes están siendo reclutados por los grupos armados.

Por demás, en la zona se sufre la falta de alimentos, medicinas y combustible, así como amenazas a líderes y autoridades comunitarias. Precisamente la ONU alertó sobre las amenazas de muerte al dirigente Leyner Palacios, e instó a la Fiscalía a investigar y sancionar a quienes intenta intimidar al defensor de los derechos humanos.

Definitivamente Colombia no logra salir de la espiral de violencia y de implementar finalmente todos los aspectos contenidos en el Acuerdo de Paz, suscrito en 2016 entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y la otrora guerrillera Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo.