Por: Roberto Morejón

Por fallos en la presentación, una instancia judicial en Miami desestimó una reclamación contra una compañía de cruceros, por sus operaciones en el puerto de La Habana hasta su abrupto fin a causa del recrudecimiento del bloqueo contra Cuba.

El dictamen de una jueza al desechar la imputación contra la suiza MSC Cruises refuerza las denuncias de Cuba contra el título III de la Ley Helms-Burton, implementado por la administración de Donald Trump en 2019.

La acción fue impulsada por la extrema derecha de la emigración de origen cubano y a la postre ha desatado múltiples procesos de cuestionable cariz legal.

El acápite III de la Helms Burton permite nada menos a ciudadanos estadounidenses reclamar a personas y entidades, incluso de terceros países, por invertir en propiedades nacionalizadas en Cuba luego del triunfo de la Revolución.

Sustentado en el exaltado afán de Trump y sus colaboradores de privar a los cubanos de ingresos generados por inversiones extranjeras, el apartado de la Ley Helms Burton generó controversias de las que la justicia estadounidense NO necesitaba ocuparse.

Los inquilinos de la Casa Blanca abrieron la puerta para que al menos 72 cubano-estadounidenses expusieran hasta ahora una veintena de demandas en cortes de Estados Unidos.

Las entidades interpeladas incluyen además de cruceros y hoteleras a las líneas aéreas American Airlines y Latam.

A causa de su carácter violatorio de la soberanía de terceros, mediante la Helms Burton la familia Sánchez-Hill demandó en 2019 a la compañía española Meliá Hotel Internacional.

Sin embargo, la justicia de la nación ibérica ordenó archivar la reclamación, en lo que constituyó la primera resolución de un tribunal europeo tras la activación del engendro legal auspiciado por Trump.

Los demandantes pretendían fundamentar su petición en la supuesta explotación ilegítima de hoteles en Cuba, construidos sobre terrenos nacionalizados.

De manera que hasta ahora varios jueces desecharon los apremios, en evidencia del absurdo de la ley Helms Burton.

Ocurre que los tribunales de un país NO pueden revisar la legitimidad de una ordenanza de otra nación y cualquier otro acto de un Estado soberano.

Por supuesto, detrás de la barbaridad salta a primer plano el objetivo de la administración del magnate republicano de borrar de la tierra el proyecto de justicia social en Cuba.

Es de esperar que las denegaciones expuestas hasta aquí impacten en procesos siguientes.

Independientemente de la interpretación de cada magistrado, debe analizarse que cada reclamante se apoya en una ley cuyo título III estuvo suspendido 21 años por los presidentes estadounidenses anteriores, a causa de sus descarriadas derivaciones.