Por Maria Josefina Arce

Cochabamba amenaza con convertirse en otra Guayaquil. Como en la ciudad ecuatoriana los muertos por la COVID 19 están en las calles de la urbe de Bolivia, donde los epidemiólogos alertan que podría tener lugar un rebrote explosivo.

La región de Cochabamba es la tercera del país más castigada por la pandemia, después de Santa Cruz, en el este, y Beni, en el noreste. Cuarenta y cinco por ciento de los municipios de ese territorio se encuentran en la zona roja de contagios.

Este es el panorama en gran parte de la nación, que ya ronda los 40 MIL contagiados, entre ellos siete ministros del gobierno de facto, encabezado por la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez.

Los hospitales colapsados y la evidente incapacidad del sistema de prevención para detectar la mayor parte de los casos es la realidad hoy de Bolivia, que en pocos meses ha visto esfumarse todos los logros del gobierno del ex presidente Evo Morales.

Pero las autoridades no parecen darse  por enteradas. No invierten en la salud pública y han rechazado la ayuda médica que podrían brindarle China y Cuba, mientras han aprovechado la emergencia sanitaria para arreciar sus ataques contra el MAS, Movimiento al Socialismo.

Muchos de los miembros y simpatizantes del partido de Morales han sido detenidos en medio de la cuarentena por la enfermedad causada por el nuevo coronavirus. Ese es el caso de la alcaldesa de la ciudad de Vinto y candidata a senadora, Patricia Arce.

Ahora también la Fiscalía de Bolivia acusó al ex presidente Morales, objeto de un golpe de estado, del supuesto delito de terrorismo y pidió su detención preventiva, en una muestra más de la persecución política contra los militantes del MAS, cuyo mandato trajo un cambio radical para el país con la adopción de políticas sociales y económicas a favor de los más pobres.

Ya con anterioridad la ONU había expresado su preocupación por el uso de instituciones judiciales y fiscales para fines políticos. El relator especial sobre Independencia de  Magistrados y Abogados, Diego García Sayán, alertó sobre el aumento de las detenciones ilegales en la nación suramericana.

Bolivia es hoy un estado de NO derecho, donde las autoridades golpistas y en especial la ilegal presidenta, también candidata a las elecciones de septiembre próximo, intentan  despejar el camino para perpetuarse en el poder,  ante el favoritismo de Luis Arce, del MAS, reflejado sin ninguna duda en las encuestas de opinión.