Foto ilustrativa. Jo Yong hak / Reuters

Por: Guillermo Alvarado

Comenzó esta semana en Francia un juicio civil contra un grupo de empresas que fabricaron los defoliantes y otros químicos utilizados por Estados Unidos durante la guerra de Vietnam, impuesta entre 1955 y 1975, y que causaron graves daños a la salud de millones de personas.

Luego de seis años de demoras y pretextos impuestos por las corporaciones encartadas, entre ellas las estadounidenses Monsanto y Down Chemical, el 25 de este mes se realizó la primera audiencia tras la acusación de la ciudadana franco-vietnamita Tran To Nga, víctima del llamado “Agente naranja”.

Se trata de un producto formado a partir de dos herbicidas que, en teoría, se disolvía en pocos días sin dejar residuos. Sin embargo, los productores en su afán de cumplir la creciente demanda del ejército estadounidense, y en consecuencia ganar más dinero, alteraron la formulación y surgió una dioxina sumamente dañina para los seres humanos y la naturaleza.

De acuerdo con diferentes informes, incluido el norteamericano Stellman, más de 80 mil millones de litros de ese peligroso defoliante fueron esparcidos sobre selvas, ríos, plantaciones y poblados de Vietnam.

Jeanne Stellman, autora del informe, afirma que por lo menos tres mil aldeas y comunidades fueron directamente fumigadas con el agente naranja.

Como resultado, entre dos y cinco millones de habitantes tuvieron contacto con ese químico y hoy, 50 años más tarde, hay tres millones de afectados por graves malformaciones genéticas y los daños continúan. Millones de hectáreas de tierra y miles de fuentes de agua quedaron envenenadas.

Incluso muchos soldados estadounidenses y de sus aliados en esa agresión sufren los efectos de la dioxina o los han trasladado a sus hijos.

Es un crimen de guerra que la potencia norteña aún no ha reconocido. Sus cómplices, como la Monsanto, afirman que el uso intensivo de defoliantes  sobre Vietnam tuvo como objetivo salvar la vida de miles de soldados.

Si la memoria no me falla, ese fue exactamente el mismo argumento utilizado para justificar el criminal bombardeo atómico sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki.

El juicio iniciado en un tribunal de París es, como dije, un proceso civil entre una demandante y un grupo de empresas. No cuestiona la guerra en sí, ni los excesos cometidos en ella, pero si la víctima gana, se abre una puerta hacia la justicia de todos los demás afectados por esa conducta criminal.

Sin duda alguna, los magistrados franceses estarán a prueba ante las brutales presiones que ejercerán las transnacionales y el complejo militar industrial estadounidense, que tratarán a toda costa de sepultar el caso. Ojo avizor, amigos.