Denuncian la muerte de varios menores durante un bombardeo del Ejército colombiano. Reuters

Por: Roberto Morejón

Colombia va de un escándalo a otro ribeteados por la indetenible violencia, frecuentemente ejercida por las instituciones armadas, como ocurrió hace pocos días en una abrupta zona.

Fuentes periodísticas y legislativas imputaron al ejército por haber dado muerte a un número indeterminado de niños, al bombardear el sureño departamento de Guaviare.

La denuncia sobre el lugar y fecha del castigo bélico coincide con precisiones aportadas por el ministro colombiano de Defensa, Diego Molano, quien refirió el desarrollo allí de una operación conjunta de las fuerzas militares.

Peor aún, la jefatura del ejército de Colombia admitió que sabía del riesgo de la presencia de infantes en el enclave atacado.

Como es usual, la jerarquía castrense apeló a las justificaciones y habló de lo que consideró como impostergable embestida, dada la ubicación en la región del cabecilla de un grupo irregular.

Por ese derrotero, el ministro colombiano de Defensa, Diego Molano, aludió a lo que llamó “legitimidad" de la acción bélica, pues los armados reclutan menores de edad, a quienes el funcionario tildó de "máquinas de guerra".

La frase fue inmediatamente repudiada en un país donde NO es la primera vez que sectores de la sociedad culpan al Estado por el uso desproporcionado de la fuerza.

Un bombardeo militar en San Vicente del Caguán en agosto de 2019 dejó cerca de 18 niños muertos y tras el debate suscitado debió renunciar el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero.

Organizaciones de derechos humanos resaltaron la persistencia de la impunidad de las bandas armadas en regiones remotas de Colombia.

La explicaron porque el Estado tiene allí presencia nula y deja el campo libre a paramilitares, delincuentes y otros alzados en armas.

Con ese poder quedan a su arbitrio niños y adolescentes, atrapados además por la incomunicación y la pobreza.

Se trata de factores que alimentan la violencia en Colombia, donde caen abatidos diariamente líderes sociales, ambientalistas y excombatientes de las guerrillas firmantes del acuerdo de paz.

Pero ante la espiral del terror, el ejército, el gobierno y los partidos derechistas de Colombia tratan de minimizar el impacto.

Para ello emplean socorridos rejuegos semánticos que les permiten desviar la atención del agudo quebranto de la seguridad interna.