Presidente de Chile, Sebastián Piñera. Foto: Archivo/RHC.
Por: María Josefina Arce.
Abril no terminó con buenas noticias para el presidente de Chile, Sebastián Piñera. Organizaciones de derechos humanos presentaron una demanda internacional contra el mandatario por crímenes de lesa humanidad.
La denuncia fue radicada ante la Corte Penal Internacional y está referida a las violaciones de los derechos humanos durante el estallido social de octubre de 2019.
Chile tiene muchas heridas abiertas por los abusos y crímenes de la dictadura militar del general Augusto Pinochet y la fuerte represión desatada contra las manifestaciones de hace poco más de un año trajeron al presente aquellos sangrientos años.
El alza del precio del pasaje del metro de Santiago de Chile, la capital, fue el detonante de las protestas, que terminaron mostrando el descontento de los chilenos contra la desigualdad existente en el país y que dejaron víctimas fatales y múltiples lesionados y detenidos.
Al menos 30 muertos y miles de heridos, entre ellos cientos con daños oculares, provocó el violento accionar de los militares y agentes policiales, todo bajo la mirada cómplice del gobierno que preside Piñera.
La pandemia de la COVID 19 vino a poner un freno en las manifestaciones. No obstante, cada viernes muchos chilenos siguen concentrándose en la Plaza Italia, epicentro del estallido social y renombrada por los manifestantes como Plaza Dignidad, para protestar contra el gobierno y su modelo económico neoliberal y en demanda de la liberación de las personas detenidas.
Las cuatro organizaciones, entre las que está la Comisión chilena de derechos humanos, afirmaron que han tenido en cuenta en su denuncia la desigual respuesta de los tribunales de justicia en la nación austral que han impuesto medidas cautelares de prisión preventiva a miles de manifestantes y en cambio han liberado de responsabilidad a los agentes del estado y autoridades de los altos mandos.
Los denunciantes refieren además, que la justicia chilena investiga los excesos de policías y militares como un delito común para que así, la Corte Penal no pueda indagar y de esa forma potenciar la impunidad con la eventual aplicación de las leyes de la prescripción, o mediante posibles indultos, amnistías o legislaciones de punto final.
En diciembre de 2019, tras la visita de una misión a Chile, la ONU dió a conocer un informe en el que se reconocía el elevado número de violaciones a los derechos humanos durante las protestas.
El documento expuso el uso excesivo e innecesario de la fuerza que llevó a la privación arbitraria de la vida y lesiones, torturas y malos tratos, así como a la violencia sexual y detenciones.
No es una buena noticia para Piñera la demanda presentada en su contra, máxime cuando ve incrementarse la desaprobación a su mandato a un ritmo acelerado y ha sido ampliamente cuestionado por el accionar del gobierno que preside ante la COVID 19.
