Por María Josefina Arce

En Estados Unidos cada año mueren más de 30 MIL personas en incidentes relacionados con armas de fuego, desde suicidios hasta tiroteos masivos. Una cifra escalofriante que lejos de disminuir aumenta, pues cada vez se dispara más en el norteño país la venta de este tipo de artefacto.

De hecho los estadounidenses poseen la mayor cantidad de estos armamentos por persona en el mundo. Según estudios, cuatro de cada diez ciudadanos poseen una pistola o viven en una casa con estos pertrechos.

La violencia en Estados Unidos asociada a armas de fuego es como tuviera que admitir el presidente estadounidense, Joe Biden, una pandemia. La realidad es que ni la emergencia sanitaria por la COVID 19, que llevó al confinamiento, puso una pausa en estos lamentables sucesos.

En los cuatro primeros meses del presente año se registraron en territorio norteamericano más de 150 tiroteos masivos, algo que ya ha pasado a formar parte de la cotidianidad de la nación.

El pasado año, solo en junio, uno de los meses más críticos de la COVID 19 en Estados Unidos, se vendieron dos millones 500 MIL armas de fuego, una cifra récord, de acuerdo con el diario The Washington Post.

Y aún en medio de este alarmante panorama se sigue esgrimiendo la controvertida Segunda Enmienda de la Constitución, que garantiza el derecho a los ciudadanos a portar armas, para dar luz verde al comercio de estos artefactos. Un juez federal acaba de declarar inconstitucional la prohibición de la adquisición de armas de asalto en California, una disposición vigente desde hace 32 años y que se actualiza constantemente para controlar la venta de este tipo de artefacto.

El fallo ha desatado la polémica y el rechazo de las autoridades estatales, pues pone sobre la mesa la posibilidad de portar rifles, entre ellos el AR-15, un arma de guerra.

La decisión judicial llega por demás, cuando el presidente Biden pidió recientemente al Congreso un mayor compromiso y que prohíba las armas de asalto.

Sin embargo, hasta el momento ha sido una tarea imposible en Estados Unidos poner un freno a la violencia generada por las armas. El control de armamento no es una prioridad para los políticos estadounidenses, muchos de ellos vinculados a la influyente Asociación Nacional del Rifle.

El expresidente Barack Obama chocó con la resistencia del Congreso a adoptar disposiciones más severas sobre el tema. Tuvo entonces que recurrir a decretos presidenciales. 

Pero después llegó Donald Trump a la Casa Blanca y derogó, por ejemplo, en 2017 una regulación adoptada por Obama destinada a mantener las armas de fuego lejos de algunas personas con enfermedades mentales graves.

Cada día aumenta en Estados Unidos el número de víctimas fatales por la violencia generada por las armas de fuego, que ya sido calificada como una crisis de salud pública. Sin embargo, no se logra una acción de los políticos, pues son muchos los intereses detrás del telón, al parecer mucho más importantes para algunos que la vida humana.