Por María Josefina Arce.

Keiko Fujimori se aferra a un supuesto fraude en las elecciones generales del 6 de junio ante la ventaja de su contrincante Pedro Castillo, de Perú Libre. La posibilidad de ver esfumarse por tercera vez sus aspiraciones presidenciales es un problema al que se enfrenta la candidata de Fuerza Popular, en la mira de las autoridades judiciales.

La próxima semana la justicia peruana evaluará la solicitud de la Fiscalía para que Fujimori regrese a prisión preventiva, a la espera de que se decida si se le enjuicia por lavado de dinero en sus anteriores campañas electorales de 2011 y 2016.

El pedido fue hecho por el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez, a cargo del caso, ante contactos de Fujimori durante su actual campaña electoral con testigos de la investigación.

De acuerdo con el fiscal, la candidata presidencial violó las normas de conducta dictadas por la sala que ordenó su excarcelación, al reunirse con el testigo de la causa Miguel Angel Torres durante una conferencia de prensa.

Ya la hija del ex dictador peruano Alberto Fujimori  pasó 15 meses en prisión provisional entre 2008 y 2020. La medida fue sustituida hace un año por libertad condicional, tras pagar la fianza y con orden de comparecencia restringida.

A la líder de Fuerza Popular se le imputa  ocultar, mediante una contabilidad ficticia, millonarias donaciones de empresarios peruanos y de la constructora brasileña Odebrecht, envuelta en numerosos escándalos de corrupción en América Latina, cuyos tentáculos llegan a ex presidentes y otras importantes figuras políticas del continente.

En Perú el escándalo por sobornos salpicó a los ex mandatarios Alan García,  quien se suicidó, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.

Jorge Barata, ex representante en territorio peruano de Odebrecht, afirmó que la firma brasileña entregó más de un millón de dólares para la campaña de Fujimori en 2011.

La política niega haber recibido ese dinero, aunque sí reconoce que empresarios peruanos donaron grandes sumas a sus campañas que no declaró ante los organismos correspondientes, pues según dijo, se le pidió mantenerlo en reserva.

La Fiscalía solicita al menos 30 años y diez meses de prisión para Fujimori y penas diversas para otros 41 acusados en el caso de lavado de dinero y corrupción.

Para la líder de la derechista Fuerza Popular es vital ganar las elecciones, pues no solo lograría lo que tanto ha buscado en los últimos años: acceder a la silla presidencial como su padre, sino que por el momento quedaría en suspenso el proceso judicial al que se enfrenta.

Por eso sigue aferrada al recurrente argumento de fraude, pidiendo anulación de boletas e incluso de los comicios, pues busca una salida aunque temporal a su comprometida situación.