Foto tomada de la cuenta de Twitter @CentroProdh

Por: Guillermo Alvarado

La identificación de una de las 43 víctimas del caso Ayotzinapa es un paso más en la investigación del secuestro y desaparición de un grupo de jóvenes estudiantes mexicanos, ocurrida en 2014 bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto y cuya verdad se abre camino a cuentagotas.

Científicos de la Universidad de de Innsbruck, Austria, revelaron que restos humanos enviados para su análisis corresponden a Jhosivani Guerrero de la Cruz, una de las víctimas de ese hecho.

En la noche del 26 al 27 de septiembre del citado año, alumnos de una formadora de maestros de Ayotzinapa, estado de Guerrero, se dirigieron a la vecina ciudad de Iguala para participar en una marcha.

Allí fueron atacados por policías municipales, civiles armados y miembros de un grupo del crimen organizado que asesinaron a tres de los jóvenes y secuestraron a otros 43, de cuyo paradero no se supo nada con posterioridad.

Las autoridades federales de ese entonces crearon la versión de que los estudiantes fueron asesinados y sus cadáveres incinerados en un basurero cercano, donde las cenizas se vertieron a un río.

Conocida como “la verdad histórica”, esta teoría fue desmentida por investigadores y vecinos del lugar, que testimoniaron que en esos días llovió con intensidad en esa zona y habría sido imposible encender una hoguera tan grande.

 Los padres de los jóvenes también rechazaron esa tesis y mantienen una constante presión con apoyo local e internacional.

El caso fue heredado por la administración de Andrés Manuel López Obrador, que se ha reunido varias veces con los familiares y busca acelerar las investigaciones para identificar y sancionar a los responsables, así como a quienes encubrieron el múltiple crimen.

Los restos de Jhosivani Guerrero de la Cruz fueron hallados en una barranca bastante alejada del basurero donde supuestamente habían sido quemados los cuerpos, lo que desmiente una vez más la “verdad histórica” del anterior gobierno.

Se trata de un hecho grave que no sólo afecta a los 43 desaparecidos y los 3 asesinados en Iguala, sino que a un grupo de unos 700 familiares que exigen verdad, justicia y la debida reparación a todas las víctimas de un caso, donde se coludieron autoridades locales, federales y el crimen organizado.

Una muestra más de las dificultades para dejar atras un pasado oprobioso, marcado por la negligencia o la complicidad de gobiernos que olvidaron su misión principal: la seguridad y tranquilidad del pueblo.