Un migrante le recuerda al presidente Joe Biden su promesa de la reforma migratoria en Tijuana, México, en frontera con EEUU, el 18 de diciembre de 2020. © Guillermo Arias / AFP
Por: Guillermo Alvarado
Organizaciones humanitarias y defensoras de los derechos civiles incrementaron las críticas hacia el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, porque a casi siete meses de asumir su cargo sigue sin cumplir la promesa de revertir las políticas migratorias de su antecesor, Donald Trump.
Hace unos días se reanudaron los cuestionados vuelos para deportar por la vía rápida a adultos y familias completas, muchas originarias del Triángulo Norte Centroamericano, es decir Guatemala, Honduras y El Salvador.
La justificación para reactivar esta medida es que durante julio el arribo de migrantes indocumentados a la frontera con México creció de manera notable.
De acuerdo con datos parciales revelados por David Shahoulian, subsecretario de políticas fronterizas y de inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional, en ese período fueron interceptados más de 19 mil niños sin acompañantes adultos, cifra superior a los 15 mil 200 detenidos en junio.
La cantidad de individuos que viajaban en grupos familiares fue de 80 mil, casi 25 mil más que el mes anterior, lo que resulta insólito porque julio es muy caluroso y resulta peligroso para quienes intentan adentrarse en el desierto.
Como respuesta, la administración Biden retornó a las repatriaciones expeditas, con la excepción de los menores de edad no acompañados, que son enviados a centros de retención sin ninguna garantía de que se les tramitará una autorización de asilo.
El ejecutivo federal se escuda en una resolución emitida por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, conocida como Título 42 y basada en una ley de 1944, donde se dice que la migración indocumentada puede causar la transmisión de enfermedades entre la población estadounidense.
A pesar de las presiones de algunos grupos, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que continuará aplicando ese documento.
El lunes reciente la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, declaró que romperá el diálogo y la cooperación con las autoridades migratorias para continuar sus exigencias por la vía legal.
De igual manera, el Centro de Estudios sobre Género y Refugiados expresó su decepción con el gobierno de Biden, quien abandonó su promesa de un trato justo y humano para las familias que buscan seguridad.
Detrás de este y otros temas está el temor del nuevo jefe de la Casa Blanca de incomodar a los legisladores republicanos, así como uno que otro demócrata, que podrían obstaculizar sus proyectos, como la Ley de Infraestructura, con la que espera relanzar su decaída aprobación popular.
Quienes votaron por un político que prometió hacer tabla rasa con los desmanes de su antecesor, ahora saben lo que tiene por dentro.
