Por María Josefina Arce.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha maniobrado y perfilado  el camino para gobernar a su antojo y permanecer en el poder. En solo dos años se ha asegurado el control de los sistemas judicial y legislativo para sus evidentes aspiraciones reeleccionistas, algo sobre lo cual muchos habían alertado.

El espaldarazo lo recibió en los últimos días  de la Corte Suprema de Justicia que  emitió una resolución a su favor, en la que se reinterpreta a conveniencia la Constitución, pues de acuerdo con el artículo 152 los presidentes que tienen un mandato de cinco años no pueden renovarlo por un periodo inmediato.

Deja de lado asimismo, otros fallos sobre el tema para lo cual se justifica con el argumento de que históricamente  se ha hecho una lectura errónea de la Carta Magna. La resolución sólo pone como condición que  el jefe de estado debe solicitar una licencia durante los seis meses previos al inicio del siguiente periodo.

Ahora Bukele tiene la puerta abierta para ir en busca de un segundo mandato al frente del país centroamericano en los comicios de 2024, máxime cuando el Tribunal Superior Electoral señalara este fin de semana que acatará  la orden del órgano judicial.

Ya se veía venir la actual situación, teniendo en cuenta que en en estos momentos la Corte Suprema responde a sus intereses, tras la destitución de sus antiguos miembros que habían chocado en varias ocasiones con el presidente sobre ciertas disposiciones referidas a la COVID 19 que exigían se aplicaran de forma legal, ante detenciones arbitrarias y entradas no autorizadas de agentes policiales en  viviendas.

De hecho el pasado año, en poco más de un mes de la cuarentena,  organizaciones de derechos humanos denunciaron más de 900 detenciones arbitrarias por las fuerzas del orden.

Pero la Asamblea Nacional, que entró en funciones en mayo último y está en manos del partido oficialista Nuevas Ideas, fue como primera medida contra la Corte Suprema y el Fiscal General e incluso, recientemente decidió también jubilar automáticamente a un tercio de los jueces y fiscales de la nación.

Claro la medida, fuertemente criticada, no afecta a los actuales miembros de la Corte, entre los que se encuentran ex asesores y abogados de altos funcionarios del gobierno.

Bukele  ha ido a un ritmo vertiginoso quitando obstáculos y posibles contrapesos a su gobierno que muchos califican de autoritario. No olvidemos que en febrero de 2020 pretendió intimidar a la anterior Asamblea Nacional desplegando al ejército en la sede de la entidad, en busca de que se aprobara un préstamo de 109 millones de dólares para financiar su plan contra las pandillas.

En El Salvador señalan varios sectores de la sociedad se  ha dado un golpe a la separación de poderes y a la independencia judicial, todo en función de  las aspiraciones del presidente de seguir concentrando el  poder en sus manos y  continuar en la presidencia por lo pronto, en un segundo mandato.

Pero la realidad es que su accionar  hace temer que vaya por más y que se vuelva a un pasado, dónde se silenciaron las voces críticas y no tenía cabida la defensa de los derechos humanos.