Retratos de víctimas. Museo de la Memoria y Derechos Humanos. Santiago de Chile. Carlos Teixidor Cadenas. Licencia Creative Commons.

Por: Guillermo Alvarado

Uno de los problemas que recibirá en herencia Gabriel Boric cuando asuma la presidencia de Chile, ceremonia programada para el próximo 11 de marzo, será el escabroso tema de los miles de niños que fueron robados a sus familias durante la dictadura de Augusto Pinochet, entre 1973 y 1990.

No se conoce con exactitud el número de víctimas de este ominoso negocio, pero una investigación ordenada por la Corte Suprema de Justicia en 2017, que dirigió el experto en derechos humanos Mario Carroza, concluyó que por lo menos se trata de 20 mil casos.

La inmensa mayoría de estos bebés fueron dados en adopción a familias en el extranjero mediante pagos que oscilaron entre siete mil y 150 mil dólares, ganancias que se repartieron en una red formada por abogados, funcionarios del gobierno, médicos y personal de guarderías infantiles.

De acuerdo con un artículo de Dominique Galeano, publicado recientemente por el diario argentino Página 12, el destino de muchos de los niños fue Estados Unidos, Suecia, Italia y Francia, entre otros.

Para perpetrar el robo de los bebés, dijo, se engañó a las madres, generalmente pobres e iletradas, orillándolas a firmar documentos que no comprendían, o mentirles haciéndoles creer que sus hijos habían nacido muertos.

También se falsificaron documentos y pruebas con el propósito de declarar a los progenitores como incapacitados para criar a sus hijos, quitarles la patria potestad y, supuestamente, enviarlos a centros de acogida de menores.

Se trata de crímenes perversos de los que también hay indicios de haberse cometido en España durante la dictadura de Francisco Franco, así como en algunos países centroamericanos.

Las primeras denuncias en Chile fueron conocidas por medio de un informe del Centro de Investigación Periodística, publicado en 2014, aunque de acuerdo con Galeano había reclamos de algunas familias que apuntaban a un sacerdote católico como intermediario en adopciones ilegales.

Existe hoy día un plan piloto para localizar a 700 niños, con recursos para realizar indagaciones y pruebas de ADN dentro y fuera de Chile, pero es una acción mínima comparada con la cantidad de víctimas.

Karen Alfaro, investigadora de la Universidad Austral, señaló que el régimen de Pinochet convirtió las adopciones irregulares en una política de Estado para “mejorar” sus relaciones con sectores de la derecha y extrema derecha de otros países, en particular Suecia.

El gobierno de Boric tendrá que trabajar fuerte para dar respuestas a estas miles de familias que tratan de reconstruir su historia, que fue rota de una manera brutal y perversa por la dictadura.