Francine Wheeler con una fotografìa de su hijo Ben. Getty Images

Por: Guillermo Alvarado

Por primera ocasión en la historia una firma del complejo militar industrial de Estados Unidos,  la Remington Arms, aceptó pagar una indemnización a un grupo de familias que perdieron a alguno de sus miembros en un tiroteo donde se utilizó un fusil de asalto de esa marca.

Se trata sin duda alguna de un veredicto histórico y esperanzador, porque hasta ahora ningún fabricante de estos instrumentos, que circulan casi libremente en el país norteño, había aceptado su responsabilidad por el uso que sus compradores les deparen.

 En este caso en particular, un joven de 20 años utilizó un  rifle semiautomático Bushmaster, la versión de Remington del fusil AR-15, para asesinar a dos decenas de niños y seis maestros en la escuela primaria de Sandy Hook, en la localidad de Newtown, Connecticut.

Los acusadores hicieron valer el argumento de que no es posible que los fabricantes pongan armas de uso militar en manos de civiles, con el único propósito de incrementar sus multimillonarias ganancias.

En Estados Unidos circulan en estos momentos 390 millones de pistolas, rifles, fusiles y otros pertrechos, eso sin contar con los millones que se mueven en el mercado negro.

Obtener en ese país una licencia para comprar y tener armas es, en muchas ocasiones, más fácil que tramitar el permiso de conducir automóviles.

Los resultados de este desenfrenado comercio están a la vista, según los reportes de la organización Archivo de Violencia Armada, que lleva una compilación diaria muy exacta.

Durante el año pasado murieron en Estados Unidos por heridas de armas de fuego un total de 44 mil 910 personas, de ellas 20 mil 820 por homicidios y el resto por suicidios perpetrados con pertrechos de este tipo.

La edad no pone a salvo a nadie, pues en ese período perdieron la vida 311 menores de entre cero y 11 años y mil 241 de 12 a 17.

Si usted hace las cuentas, descubrirá que esto significa 124 muertes innecesarias cada día, un precio demasiado alto en un país que se dice “civilizado” y hasta se jacta de ser la cuna de las libertades.

Este exitoso proceso judicial contra la Remington facilita el camino a otras iniciativas similares, entre ellas la demanda hecha por México a 8 empresas estadounidenses productoras de armas, que se utilizaron en hechos de violencia contra ciudadanos del país latinoamericano.

Habrá que ver hasta cuándo las ganancias de fabricantes y vendedores de estas herramientas de la muerte estarán por encima del valor de la vida humana.