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Por María Josefina Arce.
El próximo 29 de mayo los colombianos acudirán una vez más a las urnas para en esta ocasión elegir a un nuevo presidente. Menos de dos semanas separan al país de este importante momento y no se vislumbra una tregua en la violencia que cada día cobra nuevas víctimas y obliga a decenas de miles de personas a abandonar sus hogares, sin una respuesta del gobierno que encabeza Iván Duque.
Este proceso , durante el cual en marzo pasado fueron designados los miembros del Congreso, se perfila como el más violento de los últimos años. Así lo confirma un reciente informe de la Misión de Observación Electoral.
El documento señala que se ha registrado un aumento de 109% de la violencia preelectoral, en comparación con la campaña anterior, que tuvo lugar en territorio colombiano en 2018. Las cifras reveladas dan un total de 581 hechos de esta índole en los últimos meses.
La Misión de Observación Electoral apunta que en los 167 municipios que votaron por las curules de paz en los comicios legislativos se concentró el 35% de todas las acciones violentas en la nación suramericana.
A esto se suman las agresiones contra 15 candidatos de estas circunscripciones especiales, contempladas en el acuerdo de paz suscrito en La Habana en 2016 entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y la otrora guerrillera Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo.
La realidad es que en lo que va de año cerca de 80 líderes sociales han sido asesinados, al tiempo que creció el número de ex guerrilleros ultimados. Ya suman más de 300 los ex combatientes muertos, ante la falta de garantías del gobierno del presidente Iván Duque para proteger a estas personas que apostaron por la paz y su total reinserción en la sociedad.
En medio de este panorama se desarrolla la campaña electoral. De hecho el candidato presidencial Gustavo Petro, de Pacto Histórico, suspendió a principios de mes su viaje al eje cafetalero, en el centro del país, ante amenazas de muerte.
El equipo de Petro, quien domina la intención de voto, denunció la existencia de un plan para asesinarlo del grupo paramilitar La Cordillera, asociado al narcotráfico y sicariato.
Francia Márquez, compañera de fórmula de Petro, también ha recibido amenazas de muerte y comentarios racistas, lo que pone en evidencia la total falta de garantías durante la campaña.
Esta situación pesa sobre el proceso electoral, pues se impiden las actividades de los candidatos y se infunde miedo a la ciudadanía a la hora de ejercer su voto.
La total ausencia de voluntad política del gobierno del presidente Iván Duque para implementar el acuerdo de paz, tan esperado por los colombianos tras décadas de conflicto armado, ha llevado a una peligrosa espiral de violencia, que amenaza el proceso electoral y sigue sumando víctimas.
