La muerte de 19 niños y dos maestras en una escuela del estado norteamericano de Texas, el tiroteo masivo número 212 en lo que va del año

Por: Guillermo Alvarado

La muerte de 19 niños y dos maestras en una escuela del estado norteamericano de Texas, el tiroteo masivo número 212 en lo que va del año y el 28 perpetrado en un centro escolar, sacó de nuevo a colación el tema de la proliferación de armas de fuego en manos de la población de ese país.

Una vez más vemos a los funcionarios, de todos los niveles, hasta el más alto, que rasgan sus vestiduras, hacen discursos conmovedores, ofrecen su pésame a los familiares de las víctimas, proponen minutos de silencio y después, no hacen absolutamente nada para remediar el problema.

Es verdad que se trata de una empresa compleja, no tanto por la dichosa segunda enmienda de la Constitución, a la que bastaría un honesto análisis lingüístico para demostrar que no dice lo que quieren que todo el mundo crea, sino porque hay raíces profundas en esa sociedad que la dificultan.

Demócratas y republicanos hacen campaña y buscan pescar votos con estas tragedias, mientras solos y aislados en su pena los dolientes saben que dentro de una semana, o menos, dejarán de ser foto de portada o titular de periódico.

La gente seguirá comprando armas aprovechando leyes más elásticas que un chiche y con más agujeros que un queso suizo, normas que no hace falta violar porque basta con pasarles por un lado.

Está el tema, por ejemplo, de los antecedentes penales como requisito para comprar una pistola, un fusil o una ametralladora, o las tres cosas juntas. Es verdad que el vendedor debe verificarlos, pero ¿sabía usted que si a los tres días de solicitarlos éstos no llegan, se puede concretar la operación sin más?

Se trata de la argucia conocida como “escapatoria o laguna de Charleston”. Utilizando este vacío legal un sujeto blanco compró un arma con la que mató a nueve personas en una iglesia de Charleston, Carolina del Sur, en 2015.

Si se es fugitivo de la ley, o tiene una condena pendiente de cumplir, tampoco puede adquirir estos artefactos, pero durante la administración de Donald Trump se borraron del sistema los datos de medio millón de estadounidenses en esta condición, que ahora pueden ir tranquilamente a una tienda.

Asimismo, se puede recuperar la norma aprobada en 1994 para prohibir la venta y sacar de la calle fusiles de asalto, cartuchos de alto poder y cargadores especiales, que apenas tuvo una vida limitada durante diez años.

La Casa Blanca puede, de igual manera, aplicar un programa de desarme, comprando a la gente sus artefactos con calibres reservados para el ejército, la guardia nacional o la policía.

Todo esto se logra con órdenes ejecutivas; más aún, Biden prometió llevar a la práctica algunas de estas iniciativas, que siguen dormidas en su programa de trabajo. Se puede hacer, la cuestión es ¿se quiere hacerlo?