La motion de vacance à l'encontre du président Vizcarra a été adoptée par 65 voix pour, 36 contre et 24 abstentions.

Por: Roberto Morejón

La revelación de un audio en el que se escucha a la presidenta del Congreso peruano dando por hecho el año pasado que el Presidente de la nación sería destituido, reafirma el carácter beligerante del aparato legislativo.

La titular parlamentaria María del Carmen Alva admitió la autenticidad de la pieza sonora, en la que se refirió a una supuesta aprobación ciudadana a la gestión del Congreso, opinión no sustentada por las encuestas.

Alva constituye una visceral contrincante del presidente peruano, Pedro Castillo, aunque la acompañan otras fuerzas conservadoras en el atomizado espectro legislativo.

Desde esa plataforma se utilizó a partir de 2017 seis veces la causal de “incapacidad moral permanente” para pretender el desalojo de presidentes.

Perú ha tenido cinco primeros mandatarios y tres Congresos desde 2016, cuando lo normal serían dos presidentes e igual número de conglomerados legislativos.

El dignatario Pedro Castillo ha estado en la mirilla de los asambleístas y en especial de la titular María del Carmen Alva, cuyo tenaz empeño se confirma en el audio revelado.

Desde que asumió el cargo el 28 de julio de 2021 se presentaron 25 mociones para interpelar a integrantes del gabinete de Castillo, contra quien se interpusieron dos demandas.

La interpelación es un mecanismo de control político del Congreso, pero analistas destacan que no debería abusarse de su ejercicio y tampoco emplearse como  amenaza.

Algo así aduce Castillo, a quien lo increpan por alegados casos de corrupción, rebatidos por él.

Contra el maestro rural de extracción pobre y filiación progresista pugnan la oligarquía, la prensa de derecha y agrupaciones políticas conservadoras en el Congreso.

La Comisión de Constitución y reglamento del Congreso de Perú aprobó en mayo último archivar un proyecto de reforma constitucional presentado por el gobierno para promover una Asamblea Constituyente, una idea defendida por Castillo.

Y al hacerlo dio un portazo a quienes consideran que la actual carta Magna, promulgada en 1993 por el entonces presidente de mano dura Alberto Fujimori, creó las condiciones para ensanchar las desigualdades económicas y sociales en Perú.

Nada indica una próxima tregua en los enfrentamientos entre el Congreso y el ejecutivo peruanos, por lo que todo apunta a nuevas postergaciones de análisis de graves problemas de los pobladores.