Por: Guillermo Alvarado

A partir del próximo 5 de julio, cuando termina sus trabajos y se disuelve la Comisión Constitucional de Chile, comienza un período de dos meses de ardua lucha en el terreno para garantizar que en el plebiscito del 4 de septiembre se apruebe el texto de la nueva Carta Magna.

De esta manera se lograría dejar atrás la Ley Fundamental impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet, que se extendió desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990, y que dejó sentadas las bases para la instalación de gobiernos neoliberales.

La pelea para la consulta popular, donde el voto será obligatorio, se anticipa difícil pues los sectores empresariales, la derecha  política y los grandes medios de comunicación han hecho campaña para confundir a varios sectores de la sociedad, instándolos a desaprobar la nueva Constitución.

Paradójicamente  existe una gran confusión dentro de las comunidades indígenas, que figuran precisamente entre quienes más tienen que ganar con el cambio de la también conocida como Ley de Leyes.

Así lo constataron varios Constituyentes que representan a los pueblos originarios, entre ellos Elisa Loncón, en la región Metropolitana, y Adolfo Millabur, del Bio Bio, citados por el diario chileno El Mostrador.

“Las comunidades en el sur tienen legítimas dudas sobre la nueva Constitución, y uno percibe que el relato negativo que se instaló desde un primer momento ha generado incertidumbre”, señaló Millabur.

Hay por lo menos 50 artículos que abordan los derechos y garantías de los pueblos indígenas, como los de restauración de tierras, el principio de plurinacionalidad, la conformación de autonomías territoriales, escaños reservados en órganos colegiados y sistemas de justicia ancestrales.

La expresidenta de la Comisión Constituyente, Elisa Loncón, atribuyó al gobierno de Sebastián Piñera la responsabilidad por no informar debidamente a las comunidades originarias. Faltó educación cívica, agregó.

En general se debe hacer un profundo trabajo para que se imponga la opción del “Apruebo” el 4 de septiembre, pero mucho más en los pueblos indígenas que tradicionalmente han estado al margen de las grandes decisiones nacionales, porque así lo querían los políticos conservadores.

 Del total de habitantes del país sudamericano, el 12,8 por ciento forma parte de alguna comunidad ancestral, o sea unos dos millones 286 mil personas, la mayoría concentradas en la región Metropolitana y La Araucanía.

Hasta hoy su identidad, su cultura, historia y tradiciones han estado fuera del marco constitucional, lo que de varias maneras limita el ejercicio de sus derechos, una anomalía que debe terminar.