Prensa Latina

Por María Josefina Arce.

El Día Internacional de los Derechos Humanos sorprende al mundo con 713 millones de pobres, más de 700 millones de analfabetos y 345 millones de hambrientos, cifra esta última que se incrementó en los primeros meses de 2022.

Los dos años de pandemia por la COVID 19  asestaron un duro golpe a los esfuerzos mundiales por la reducción de estos flagelos y a favor de garantizar esas prerrogativas a todas las personas.

Aún en medio de una difícil situación económica generada por la fuerte incidencia del virus en el planeta, sumado al reforzamiento del bloqueo norteamericano, Cuba al tiempo que brindó atención médica a los contagiados, mantuvo programas priorizados de su sistema de salud, gratuito y universal desde el triunfo de la revolución, en enero de 1959.

El acceso a los servicios sanitarios, sin ningún tipo de discriminación, ha posibilitado que la esperanza de vida en la Mayor de las Antillas sea de más de 78 años.

Asimismo, las campañas de vacunación puestas en marcha a partir de la década del 60 del siglo pasado han llevado a que en nuestro país se hayan eliminado enfermedades como la poliomielitis, difteria, tétanos del recién nacido y tosferina, entre otras, que aún hoy son un problema de salud en muchas naciones.

En estos más de 24 meses también se buscaron alternativas para garantizar la continuidad de los estudios en todos los niveles de la enseñanza. Ningún niño o joven se quedó sin recibir clases, pues en nuestro país la educación, que amplia las oportunidades en la vida, es un derecho de todos y una responsabilidad del estado.

Organismos internacionales como la UNESCO, Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura,  han reconocido los resultados de las políticas de Cuba en materia de educación inclusiva y de calidad.

La Mayor de las Antillas exhibe un índice de matrícula en la enseñanza primaria de 99,7%,  mientras que en la secundaria y preuniversitaria es de 90,2%.

En nuestro país se han respetado siempre los derechos de las personas en situación de discapacidad, una voluntad política del estado reforzada en el nuevo Código de las Familias, aprobado en julio pasado por la Asamblea Nacional del Poder Popular y refrendado por el pueblo en septiembre pasado.

De hecho este documento, enriquecido con el criterio de expertos, legisladores y ciudadanos, refuerza el afecto, la solidaridad y la protección de los sectores vulnerables de la sociedad.

A pesar de un criminal bloqueo impuesto por Estados Unidos desde hace sesenta años que afecta importantes esferas,  el gobierno cubano no ha dejado de trabajar por el bienestar de la población, y además, ha contribuido modestamente a que en otras naciones las personas más humildes puedan acceder a derechos humanos como la salud y la educación.