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Por María Josefina Arce.

Perú no deja de ser noticia. Nuevamente miles de personas se manifestaron pacíficamente este fin de semana  por las calles de Lima, la capital, y una vez más fueron violentamente reprimidas por la policía que propinó golpizas y lanzó gases lacrimógenos.

Convocada por organizaciones campesinas, civiles, estudiantiles de Lima y de otras zonas del país, fue otra jornada en demanda de la renuncia de la presidenta designada Dina Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Asimismo, siguen activos alrededor de 80 bloqueos de carreteras, concentrados en áreas del sur de la nación andina, donde se han registrado las más intensas protestas desde diciembre del pasado año.

Pero las demandas populares no han obtenido una respuesta. El gobierno ante la nueva marcha amplió la duración del estado de emergencia, el cual por demás, extendió a siete regiones del territorio peruano, con la consiguiente afectación a los derechos constitucionales.

El Congreso, que solo cuenta con 7% de aprobación,  no ha logrado consenso sobre un adelanto de las elecciones generales. Cada bancada quiere imponer su propia versión, según su agenda e intereses políticos.

Además de que la posibilidad de una Asamblea Constituyente se ha convertido en la manzana de la discordia. La opción ha sido bloquear hasta agosto venidero el debate, cerrando por el momento una vía para abrir el camino que ponga fin a la crisis política y social que vive el país.

La acción fue adoptada luego de que la Comisión de Constitución parlamentaria rechazara debatir una propuesta de Boluarte para efectuar los comicios presidenciales y legislativos en octubre de este año, con el argumento de que ya había sido tratada en varios debates.

Por tanto, se mantiene hasta el momento 2026 como la fecha para la realización de las elecciones.

Otra alternativa sería que Boluarte renunciara a la presidencia, a la cual accedió tras la ilegal destitución y detención el pasado 7 de diciembre del mandatario Pedro Castillo, elegido democráticamente en las urnas por los peruanos.

Esto llevaría a que de acuerdo con la Constitución, asumiera al frente del país el presidente del Congreso, José Williams,  y llamara a comicios generales en un plazo inmediato.

Sin embargo, a pesar del fuerte reclamo en las calles,  Boluarte ha reiterado en varias ocasiones que no renunciara  y ha afirmado que el adelanto de los comicios está en manos del órgano legislativo.

Mientras tanto, los peruanos siguen en las calles y son reprimidos por las fuerzas del orden, lo que ha provocado ya cerca de 70 víctimas mortales y numerosos lesionados.