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Por María Josefina Arce

Un gobierno de la vida, basado en la paz, la justicia social y ambiental es el compromiso del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que ha puesto una especial atención en el campesinado, uno de los sectores más golpeado por el abandono estatal y el conflicto armado.

Durante décadas los habitantes del campo han sido víctimas de desplazamientos forzosos, pobreza, injusticias, violencia  y despojo de sus tierras.

Entre las acciones del ejecutivo está garantizar el reconocimiento del campesinado como sujeto especial de protección constitucional, así como su derecho a una vida digna, pues como opinan muchos es hora de pagar la deuda histórica con este segmento poblacional.

De ahí que en el Congreso se debata una iniciativa constitucional, presentada por el gobierno en este sentido, y que busca que los trabajadores agrarios y sus familias tengan acceso a la tierra, salud, vivienda y seguridad social. Ya ha sido aprobado en un primer análisis este proyecto de acto legislativo, pero aún restan cuatro debates que deben iniciarse en marzo venidero.

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz afirmó que la protección y el respeto por los derechos de los campesinos es una de las bases del desarrollo sostenible y la democratización del territorio.

El ejecutivo que encabeza Petro también ha promovido la creación de Zonas de Reservas Campesinas, un viejo reclamo del sector para evitar la concentración de la tierra y desarrollar acciones que permitan además del cuidado del entorno, el bienestar de los pobladores del área.

Es así que en los últimos días el gobierno entregó a los habitantes de la localidad de Sumapaz, en Bogotá,  el acta de constitución de la Zona de Reserva Campesina, que comprende más de 23 mil hectáreas de tierra.

Sumapaz es una de las cuatro áreas de este tipo aprobadas en diciembre pasado por la Agencia Nacional de Tierras. Las otras están ubicadas en los departamentos del Cauca y de Meta, y tienen como fin crear condiciones de justicia social, como uno de los ejes de la paz total que promueve el mandatario.

Las autoridades también han entregado terrenos a campesinos, Indígenas y afrodescendientes, como parte de su compromiso con la Reforma Agraria, estipulada en el Acuerdo de Paz, suscrito en 2016 entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y la otrora guerrillera Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, y cuya implementación nunca fue una prioridad del ejecutivo encabezado por Iván Duque.

Colombia es uno de los países de América Latina con mayor inequidad en la distribución de tierras. El uno por ciento de la población es dueña del 81% del territorio.

Gustavo Petro preside un gobierno del cambio, que en seis meses ha ido articulando políticas públicas para hacer realidad la justicia social y ha mantenido un constante diálogo con los diversos sectores de la sociedad, para trabajar todos en esa necesaria paz.