El ejército y la policía han sido desplegadas en lugares claves de Quito ante posibles protestas por la decisión de Lasso.

Por María Josefina Arce

Tal y como había amenazado, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, activó la muerte cruzada, un mecanismo constitucional que conlleva a la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria anticipada de elecciones generales.
   
Esta es la primera vez que se aplica en el país andino este instrumento, introducido en la Constitución de 2008 y que abre el camino para la renovación de las autoridades del poder legislativo y ejecutivo, pero que debe estar justificada en una de las causales previstas en la ley.
   
Los tres motivos para recurrir a esta medida son: si el Parlamento unicameral se arroga funciones, si obstruye el Plan Nacional de Desarrollo, o por una grave crisis política y conmoción interna.
   
El presidente se ha escudado en el tercero de esos motivos, pero lo cierto es que recurrió a la llamada muerte cruzada un día después del inicio del juicio político que se tramitaba en su contra en la Asamblea Nacional, acusado de malversación de fondos públicos.  
   
De acuerdo con la oposición el mandatario permitió la continuidad de unos contratos para el transporte de petróleo a favor de terceros, a pesar de ser consciente que los mismos representaban una pérdida para el estado.
     
Esta situación tiene lugar en un contexto de rechazo popular al presidente, a quien las más recientes encuestas le atribuyen una desaprobación de más de 80 por ciento, dado el panorama económico del país y sobre todo, la crisis de inseguridad y violencia imperante.
   
Son muchas las voces que se han alzado para calificar la medida de anticonstitucional por no cumplir con los requisitos que justifiquen su aplicación. Para el analista político Mauro Andino, citado por la agencia noticiosa Prensa Latina, la acción es una estrategia de Lasso para evadir el juicio político que podría haber llevado a su destitución.
   
A partir de ahora y por un plazo máximo de seis meses el mandatario podrá gobernar por decreto, pero deberá contar para ello con un visto bueno previo de la Corte Constitucional de Ecuador.
  
Lasso podrá presentarse como candidato en las elecciones anticipadas, arriesgándose a perder el poder antes del término oficial de su mandato en 2025, cuando deberá volver a convocarse a comicios generales.
  
No olvidemos que ya sufrió una gran derrota en la cita electoral del pasado mes de febrero, cuando llevó a  referendo posibles reformas a la Constitución, al tiempo que el ganador en los comicios para autoridades locales fue el Partido Revolución Ciudadana, del ex presidente Rafael Correa.
  
El panorama es incierto. El ejército y la policía han sido desplegadas en lugares claves de Quito, la capital, ante posibles protestas por la decisión de Lasso, contra la cual el segundo vicepresidente del Parlamento, Esteban Torres, presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.