Dina Boluarte volvió a instruir la militarización del país, al movilizar 24 mil efectivos, tanquetas,bombas de gas lacrimógeno
y otros artefactos. (Foto:el búho)

Por Roberto Morejón
 
Ni las tres protestas generalizadas en Perú contra la continuidad de su mandato, a favor del adelanto de elecciones y del cierre del corrupto Congreso han logrado una variación en el discurso de la presidenta designada, Dina Boluarte.
 
La obstinada funcionaria sigue en la silla presidencial, apoyada en las bayonetas de la policía y del ejército, porque en urbes y campos la repudian.
 
Así se volvió a demostrar en el Perú profundo, en las calles de Lima y en las proximidades del desdeñado Congreso, dominado por la derecha fujimorista.
 
Por tercera ocasión desde diciembre último, cuando la derecha, oligarquías y élites limeñas lograron apartar a Pedro Castillo, los peruanos organizaron marchas, la mayoría pacíficas, para reiterar sus demandas, hasta ahora desoídas.
 
La primera mandataria designada señala no comprender lo que pasa y volvió a instruir la militarización del país, al movilizar 24 mil efectivos, tanquetas, bombas de gas lacrimógeno y otros artefactos.
 
Todos ellos necesarios para contener la amenaza a la democracia, dice Boluarte, sin detenerse a analizar los argumentos de quienes consideran en el gobierno, el Congreso y en las élites de Lima como terroristas.
 
En siete meses de poder, Boluarte ha estado en un volcán, con apenas una tregua intermedia, conseguida tras ahogar las protestas anteriores.
 
El saldo de 67 muertos cae sobre las espaldas de la Boluarte, asediada por la fiscalía.
 
Pero ella sostiene su presunta inocencia además de expresar ser víctima del Congreso.
 
Porque -dice- allí le rechazaron propuestas para el adelanto de elecciones, como exige la calle, la misma que también reclama la convocatoria a una Asamblea Constituyente para un cambio en la Carta Magna.
 
Nadie cree en la gobernante. Cada vez que habla enardece más los ánimos de los peruanos, entre ellos quienes exigen justicia por la muerte de sus seres queridos a manos de la policía.
 
Como respuesta, la gobernante ha tomado distancia de países latinoamericanos, desde donde pusieron en tela de juicio los aprestos contra Pedro Castillo.
 
En el Congreso exigen la retirada de Perú de organismos internacionales, críticos con el uso excesivo de la fuerza entre diciembre y febrero.
 
La Defensoría del Pueblo, organismo autónomo que monitorea la convulsión social, indica que en el período mencionado de un total de 1327 protestas realizadas, apenas 11 por ciento fueron violentas.
 
Entonces, ¿quién aplica la fuerza?