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Por María Josefina Arce
En febrero del año pasado la Academia de Ciencias de Cuba propuso a la máxima dirección del país, en uno de sus encuentros habituales, la necesidad de una Política Integral para la Atención a la Niñez y Juventudes, una iniciativa en la que se trabajó intensamente en los últimos meses.
El presidente cubano, Miguel Díaz Canel, ha insistido en que hay que dar una atención diferenciada a los jóvenes, brindarles posibilidades para que desarrollen sus capacidades y participen en todos los procesos del país.
Dirigentes, expertos e investigadores conformaron el Grupo gubernamental encargado de elaborar esta estrategia, con una visión multisectorial, transversal e integral.
Cuestiones relacionadas con la salud, educación, empleo, cultura, deporte, vivienda y migración, entre otras, están contenidas en la política que fue puesta a consideración y aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, que sesiona en La Habana.
En la Comisión de Atención a la Juventud, la Niñez y los Derechos de Igualdad de la Mujer, que sesionó en dias previos a la plenaria, el mandatario cubano había exhortado a los diputados a debatir con responsabilidad y profundidad este tema, por ser una preocupación de la ciudadanía la formación y la satisfacción de las presentes y futuras generaciones.
En la confección de esta política se ha tenido en cuenta los criterios de más de 20 mil jóvenes de todo el territorio nacional, así como las opiniones de expertos vinculados a instituciones y centros de estudios.
Por demás, han insistido los especialistas se elaboró sin perder de vista la compleja situación por la que atraviesa el país, tras más de dos años de pandemia de la COVID 19, el recrudecimiento del bloqueo norteamericano y otros factores externos.
Vale destacar que no se ha partido de cero, pues desde el triunfo revolucionario de enero de 1959 para el gobierno ha sido una prioridad la protección de la niñez y la juventud, que además está refrendada en la Constitución de 2019.
Asimismo, en el Código de las Familias, sancionado por los cubanos en las urnas el pasado mes de septiembre, se vela por los derechos de los más jóvenes en ese ámbito, donde la familia tiene la responsabilidad y el deber de garantizar el despliegue a plenitud de sus prerrogativas.
Esta nueva Política de Atención a la Niñez y Juventudes responde a la importancia que concede el Estado cubano a las futuras generaciones, a su desarrollo integral y al papel que están llamadas a desempeñar en el avance del país.
