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Por María Josefina Arce

La PIT-CNT, la mayor central sindical de Uruguay, busca ir a la celebración de un referendo para modificar la reforma previsional, aprobada en abril ultimo a pesar del rechazo de la mayoría de la población, que protagonizó protestas y tres paros generales cuando se debatía en el Parlamento  la polémica ley.
  
La central se prepara para la recogida de firmas que debe abarcar al 10% del padrón electoral. Antes de abril de 2024 debe completarse este proceso, tal como establecen los plazos para los plebiscitos, es decir seis meses antes de las elecciones.
   
En caso de obtener las rúbricas necesarias, el referendo se llevará a cabo junto a los comicios presidenciales de octubre de 2024.
  
La reforma de las pensiones, impulsada por el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou y que entró en vigor a principios de este mes, ha generado numerosas críticas de gran parte de la ciudadanía y del opositor Frente Amplio, que la califican de socialmente ineficiente y contra la gente.
   
Entre los aspectos más cuestionados está que establece el aumento gradualmente de 60 a 65 años de la edad de jubilación, tanto para hombres como para mujeres, siempre con 30 años de aportes al sistema de pensiones.
    
El opositor Frente Amplio ha insistido en que se aumenta indiscriminadamente la edad de jubilación para todas las actividades, cuando hay muchas que provocan un mayor desgaste en los trabajadores.
    
Otra preocupación de la sociedad sobre este tópico es que se  acentúe el problema del desempleo juvenil por ralentizar el reemplazo laboral. En la actualidad Uruguay es el país de América Latina con la mayor tasa de desocupación juvenil. De acuerdo con estudios, seis de cada 10 parados son menores de 30 años.
  
También se critica la financiación del sistema previsional, que con la reforma se busca sostener solamente por la vía del aumento de la vida laboral, sin buscar otras fuentes como pudieran ser los aportes de las empresas o la revisión de exoneraciones impositivas que benefician a ciertos sectores de la economía.
   
La obligación de afiliarse y aportar a las denominadas AFAP, Administradoras privadas de Ahorro Individual, es otra de las críticas. Ahora los trabajadores aportarán 10% de su salario al estatal Banco de Previsión Social y un 5% a las AFAP.
    
La iniciativa de la PIT-CNT ha recibido el apoyo de otras organizaciones que  rechazan la reforma previsional, la cual señalan fue conformada sin las opiniones de todo el espectro social, y es parte del ajuste neoliberal del gobierno de derecha.