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Por Roberto Morejón

Con muchas personas encerradas en sus casas, levantando tapias y otros obstáculos, cierre de negocios y hasta suspensión de clases en escuelas, Ecuador avanzó hacia la jornada electoral del domingo, aquejado por un récord de violencia.
 
Las muertes turbulentas se han cuadruplicado desde 2019 y se contaron en 2500 el año pasado, en tanto el crimen organizado traspasó muros de las cárceles, donde se repiten los motines, y extendió su influencia a las comunidades.
 
La ola de violencia se expande sin el control del Estado y el presidente, Guillermo Lasso, firma nivel de excepción tras otro, sin planes para investigar la criminalidad y cortar sus causas.
 
A pesar de esa medida extrema, Ecuador cerró en 2022 con la tasa de homicidios más pronunciada de su historia, 26 crímenes por cada 100 mil habitantes.
 
Con casi 4 mil 200 muertes violentas en lo que va de año, el país sudamericano sufre una criminalidad en progresión, sin que los organismos de seguridad y la corrupción galopante permitan cortar la impunidad.
 
En esa coyuntura trágica fue asesinado a tiros el candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, cuyo programa electoral tenía entre sus puntos centrales el sosiego y el combate al narcotráfico.
 
No estaba desenfocado el occiso, pues Ecuador ha pasado en los últimos años de ser un territorio de tránsito de la droga a uno en el que se almacena, procesa y distribuye.
 
Bandas criminales, carteles del narcotráfico y mafias internacionales disputan espacios dentro y fuera de las cárceles, sin que el Estado salga de su retórica gastada y todo lo reserve al régimen de excepción mientras las instituciones se degradan, en especial la justicia.
 
Casi a punto de la jornada de los comicios, la nación volvió a estremecerse con la muerte del dirigente del correismo Pedro Briones.
 
Y Lasso, quien tenía mandato hasta 2025, pero adelantó los comicios para evitar un juicio político ante imputaciones de corrupción, afirma que Ecuador está en condiciones de emitir los sufragios.
 
Organiza su retirada después de reducir gastos públicos, tal y como hizo su predecesor Lenin Moreno, y desprotege a la población que, desconcertada, no atina a dirimir plataformas políticas favorables, pues la calle amenaza.