Imagen ilustrativa tomada de France24
Por María Josefina Arce (RHC)
Panamá vivió una semana de intensas protestas que obligaron al presidente Laurentino Cortizo a firmar el viernes último un decreto ejecutivo que prohíbe el otorgamiento de nuevas concesiones mineras. Sin embargo, las manifestaciones no cedieron y continuaron el fin de semana.
Y es que en el centro de las protestas está el acuerdo pactado entre el Gobierno y la empresa Minera Panamá, filial de la transnacional canadiense First Quantum, para extraer cobre de un yacimiento a cielo abierto.
Los panameños afirman que el decreto solo es para nuevas concesiones y no da respuesta a su reclamo de que sea derogado el pacto sobre la explotación en la mayor mina a cielo abierto de Centroamérica, situada en Donoso, provincia de Colón, en la costa caribeña, y que representa un peligro para el ecosistema y las poblaciones cercanas.
Con el paso de los días, a las movilizaciones se fueron sumando representantes de los diversos sectores de la sociedad, como maestros, estudiantes, trabajadores de la salud y transportistas.
A lo largo de la pasada semana se realizaron bloqueos de calles en Ciudad de Panamá y en otras urbes de ese país, las clases fueron suspendidas y se registraron choques entre las fuerzas policiales y los manifestantes, que se saldaron con más de 200 detenidos.
El pretexto del Gobierno de las ganancias que traerá a la nación istmeña el convenio con Minera Panamá es rechazado por gran parte de la ciudadanía, que afirma que serán mayores los daños al entorno, pues se destruirán miles de hectáreas de bosques, al tiempo que se convertirán los ríos en lavaderos de esa actividad.
De acuerdo con los expertos, parte de los depósitos minerales de Panamá están en zonas de gran biodiversidad, como el Corredor Biológico Mesoamericano, que conecta áreas naturales de ese país y de Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Belice y algunos estados del sur de México.
La explotación de los recursos por una transnacional es bien sensible para la mayoría de la ciudadanía, pues recuerda cuando el Canal de Panamá estaba en manos extranjeras. Cerca de un siglo Estados Unidos controló la vía interoceánica hasta que en 1999 la nación istmeña recuperó su soberanía, luego de décadas de lucha.
Los panameños alegan, además, que el convenio con Minera Panamá es inconstitucional. Recordemos que en 2017 la Corte Suprema de justicia había declarado inconstitucional el acuerdo original.
Ya han sido presentadas varias demandas contra el pacto, pero según las normas vigentes habrá que esperar unos 10 días para cualquier pronunciamiento al respecto del órgano judicial.
El descontento crece e incluso, panameños residentes en otros países como Canadá, Estados Unidos y España también han protagonizado manifestaciones contra el acuerdo, sancionado por la Asamblea Nacional en tiempo récord.
Para los próximos días se han anunciado nuevas protestas en demanda de que se derogue el convenio, calificado de leonino y dañino para la soberanía nacional.
