Los defensores del entorno denunciaron el pacto porque en su criterio las operaciones
dañan severamente el medioambiente. Imagen ilustrativa tomada de France 24
Por Roberto Morejón (RHC)
Los panameños celebran el venidero cierre de una mina a cargo de una empresa canadiense, foco de airadas protestas durante varias semanas, suficiente como para que tuviera que intervenir la Corte Suprema.
Después de impulsar inicialmente el contrato con la compañía minera First Quantum Minerals, el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, prometió un proceso de cierre de la mayor mina de cobre de Centroamérica.
Lo hará en acatamiento del fallo del máximo tribunal de justicia, al declarar inconstitucional la avenencia.
No se trata de un acuerdo poco significativo, pues contemplaba la concesión de operaciones por 40 años a una compañía con cerca de 50 mil trabajadores directos e indirectos.
La mina produce desde 2019 unas 300 mil toneladas de concentrado de cobre anuales, representativas de 75% de las exportaciones panameñas.
Al parecer hay coincidencias en que el cierre de la mina reducirá ingresos sustantivos a la economía de la nación istmeña, pero muchos destacan que pueden potenciarse otros sectores, como el turismo.
Ahora, cuando se levantan los bloqueos de rutas utilizados por los manifestantes para reprobar el acercamiento con la entidad canadiense, los dirigentes sindicales, grupos indígenas que fueron al paro y activistas del medio ambiente señalan como trascendental el veredicto del tribunal.
Los defensores del entorno denunciaron el pacto porque en su criterio las operaciones dañan severamente el medioambiente.
Los sindicatos e indígenas consideraron, además, el contrato como lesivo a la soberanía nacional.
Recordemos que la protesta estalló después de que el Congreso aprobó de manera expedita la nueva transacción con la compañía, rubricada después de que en 2017 la Corte Suprema declarara inconstitucional el acuerdo original de 1997.
En lo adelante, los ejecutivos de la entidad foránea no se quedarán con los brazos cruzados, pues auguran un frente de arbitrajes internacionales a cargo de la concesionaria, la empresa Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals.
Pero, también, se espera que las fuerzas populares panameñas se mantengan alertas, tal y como hicieron miles de maestros, quienes fueron al paro desde el 23 de octubre.
No son pocos los panameños que aseguran que el curso de los acontecimientos garantiza la conservación de una extensa zona de bosques y el control del país sobre el agua, pues la empresa canadiense la administraría para su operación.
